/ martes 10 de diciembre de 2019

Un proyecto que puede devolver a Lula a prisión avanza en el Senado de Brasil

Lula enfrenta dos condenas por presunta corrupción

Un proyecto de ley que propone que una condena dictada en la segunda instancia penal ya pueda ser ejecutada fue aprobado este martes en una comisión del Senado de Brasil, lo que supone apenas el primer paso hacia una posible promulgación que devolvería al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión.

Una de las consecuencias directas de la eventual aprobación de esa iniciativa en los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado sería la vuelta a la cárcel del expresidente Lula, liberado el mes pasado tras pasar poco más de un año y medio en prisión.

Sobre Lula, quien además enfrenta otros procesos penales, pesan ya dos condenas en segunda instancia, en ambos casos por presunta corrupción. Una a ocho años, de los cuales ha cumplido 19 meses, y otra a 17 años y cuya ejecución está suspendida.

Su liberación y la suspensión de la ejecución de la segunda condena siguieron a una decisión de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional que una pena comience a ser cumplida tras haber sido confirmada en segunda instancia y cuando todavía quedan dos posibles apelaciones pendientes.

Sin embargo, pese a ese fallo del Supremo, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado ha comenzado a discutir una reforma del Código Penal que propone dar carácter constitucional a la ejecución anticipada de la pena una vez que sea ratificada en la segunda instancia.


El proyecto fue aprobado en esa comisión este martes con una abrumadora diferencia de 22 votos a favor y apenas uno en contra, en este último caso proferido por el senador Rogério Carvalho, del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el propio Lula.

Aunque el proyecto no se refiere a la situación del exmandatario, es respaldado por todo el arco político conservador, que tiene entre sus miembros a los seguidores del actual presidente, Jair Bolsonaro, un ultraderechista cuyo principal antagonista político es Lula.

La primera aprobación en la Comisión de Constitución y Justicia es apenas el primer paso de un tortuoso trámite parlamentario, que requerirá varios meses de discusiones hasta llegar a su conclusión.

El proyecto deberá pasar por una nueva votación en esa misma comisión y solo en caso de ser aprobado sería remitido al pleno del Senado, que luego debería enviarlo a la Cámara de Diputados para un trámite igual de engorroso.

De ese modo, según cálculos del propio Parlamento, una eventual aprobación definitiva solamente podría darse ya entrado el segundo semestre del año próximo.

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Una de las consecuencias directas de la eventual aprobación de esa iniciativa en los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado sería la vuelta a la cárcel del expresidente Lula, liberado el mes pasado tras pasar poco más de un año y medio en prisión.

Sobre Lula, quien además enfrenta otros procesos penales, pesan ya dos condenas en segunda instancia, en ambos casos por presunta corrupción. Una a ocho años, de los cuales ha cumplido 19 meses, y otra a 17 años y cuya ejecución está suspendida.

Su liberación y la suspensión de la ejecución de la segunda condena siguieron a una decisión de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional que una pena comience a ser cumplida tras haber sido confirmada en segunda instancia y cuando todavía quedan dos posibles apelaciones pendientes.

Sin embargo, pese a ese fallo del Supremo, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado ha comenzado a discutir una reforma del Código Penal que propone dar carácter constitucional a la ejecución anticipada de la pena una vez que sea ratificada en la segunda instancia.


El proyecto fue aprobado en esa comisión este martes con una abrumadora diferencia de 22 votos a favor y apenas uno en contra, en este último caso proferido por el senador Rogério Carvalho, del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el propio Lula.

Aunque el proyecto no se refiere a la situación del exmandatario, es respaldado por todo el arco político conservador, que tiene entre sus miembros a los seguidores del actual presidente, Jair Bolsonaro, un ultraderechista cuyo principal antagonista político es Lula.

La primera aprobación en la Comisión de Constitución y Justicia es apenas el primer paso de un tortuoso trámite parlamentario, que requerirá varios meses de discusiones hasta llegar a su conclusión.

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