Apolonio Tobar, ombudsman de El Salvador, comentó que ha recibido al menos 800 denuncias de violaciones a derechos humanos desde el comienzo del régimen de excepción que inició en marzo del año en curso.
Así lo indicó en un video difundido este martes por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en redes sociales.
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Tobar indicó que en el primer mes del régimen de excepción se contabilizaron 817 denuncias.
La Asamblea Legislativa de El Salvador otorgó poderes especiales al Ejecutivo de Nayib Bukele tras una escalada de homicidios a finales de marzo, que se cobró la vida de 87 personas en tres días y puso en jaque el plan de seguridad gubernamental.
La iniciativa, que suspende derechos constitucionales, fue ampliada ya en dos ocasiones por periodos de 30 días, respectivamente.
El procurador Tobar dijo a la prensa a finales de mayo que la mayoría de las denuncias recibidas tienen que ver con violación al derecho a la integridad personal, seguido de detenciones arbitrarias.
Indicó que "las denuncias que hemos recibido están sujetas a comprobación" y señaló que la PDDH también realiza investigaciones sobre las denuncias de personas detenidas que supuestamente han fallecido en cárceles.
La semana pasada, cinco organizaciones sociales dieron aconocer que han recibido mil 123 denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, con lo que la cifra global se acerca a las dos mil.
Con este régimen, el presidente Bukele afirmó recientemente que está cerca de ganar la "guerra contra las pandillas" con más de 37 mil 500 detenciones, de las que el mandatario dice que el 1 por ciento podría ser "error".
Amnistía Internacional (AI) ve con preocupación que el régimen de excepción se vuelva la "norma" y que "termine por desmantelar a las instituciones del Estado y al Estado de Derecho" en el país centroamericano, según dijo en una entrevista reciente con Efe sudirectora para las Américas, Erika Guevara Rosas.
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AI concluyó en una investigación que las autoridades estatales estarían perpetrando "graves violaciones" a los derechos humanos y advirtió sobre la posibilidad de "responsabilidad penal internacional".
