POR LEONARDO RODRÍGUEZ
Tras el abatimiento a balazos de dos presuntos delincuentes queamenazaron a agentes ministeriales en Hermosillo, la FiscalíaGeneral de Justicia del Estado informó que se dio su autorizaciónpara el uso de las armas cuando sus oficiales se considerenamenazados.
“Al respecto, el fiscal general del Estado, Rodolfo Montes deOca Mena, manifestó que no se tolerará en lo más mínimo aquienes desenfunden o amaguen con arma prohibida a los agentesministeriales, por lo que éstos utilizarán su arma de cargo enlegítima defensa”, dio a conocer la Agencia Ministerial deInvestigación Criminal (AMIC) en un comunicado.
Esto a raíz de dos hechos en los que presuntos macheterosamagaron con arma blanca a elementos de la AMIC y fueron abatidos:el primero el sábado en la invasión Tres Reynas y el segundo latarde de este domingo en calles de la colonia Las Peredas.
El primero de estos incidentes ocurrió cerca de las 18:40 horasdel sábado, momento en el que los oficiales localizaron a trespresuntos sobre un camino de terracería que conecta la coloniaVillas del Sur con la Invasión Tres Reynas.
A decir de las autoridades, en ese lugar los elementosdescendieron de sus vehículos para interpelar a los presuntoscuando uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y laemprendió a tiros en su contra, mientras que sus acompañantes,armados con machetes, se abalanzaron también para agredir a losministeriales.
Ante esta agresión, los investigadores se vieron en lanecesidad de desenfundar sus armas de cargo, abatiendo en elenfrentamiento a uno de los agresores, lo que aprovechó uno de losmacheteros y el portador del arma de fuego para escapar delsitio.
Neutralizada la amenaza, los agentes intentaron reanimar alherido, quien falleció en el lugar poco después del arribo de losparamédicos de Cruz Roja.
En el sitio, a disposición del personal de Servicios Pericialesy Médicos Forenses, quedaron el cuerpo del presunto, un hombre deentre 30 a 35 años, rapado y vestido con pantalón de mezclillaazul, camisa negra y tenis cafés y junto a él un machete deaproximadamente 80 centímetros de largo.
El segundo hecho ocurrió poco después del mediodía de ayer,momento en el que agentes ministeriales realizaban investigacionesen las calles Gaspar Luken y Lázaro Mercado, en la coloniaFloresta.
En este sitio, los agentes trataron de establecer contacto conun hombre de entre 30 a 40 años, mismo que vestía pantalóncafé, camiseta negra y zapatos cafés, que al ser interpelado porlos efectivos sacó un machete y atacó a uno de ellos.
En su primer y único embate, logró golpear a uno de losministeriales, por lo que de inmediato hicieron uso de las armas,abatiendo al individuo en la ubicación mencionada.
En ambos casos las identidades de los occisos fueron reservadaspor parte de la autoridad.
POR DAVID CASAS
Corresponsal
La organización Ciudadanos en Apoyoa los Derechos Humanos (Cadhac) manifiesta su preocupación adiputados del Congreso local por la aprobación a las reformas alartículo 17 del Código Penal del Estado, con el fin de modificarlos alcances del uso de la “legítima defensa” por parte departiculares.
“En Cadhac cuestionamos yconsideramos alarmantes las reformas realizadas, ya que el uso dela violencia letal debe ser solamente válida para defender la vidao integridad de la persona ante un ataque, lo cual ya estabaanteriormente estipulado en el mismo”, dice un comunicado delorganismo.
“Nos preocupa que las nuevasreformas al artículo pudieran interpretarse como un permiso paramatar a cualquier persona que entre a un hogar o negocio, e inclusoque se pueda utilizar como una excusa para delinquir. Es importanteresaltar que los particulares no cuentan con la preparaciónnecesaria sobre el uso adecuado de la fuerza, ni el entrenamientopara distinguir cuándo utilizar o dejar de utilizar unarma.
“Por otra parte, permitir el usode armas en hogares podría aumentar el riesgo de incidentes quepongan en peligro la vida de terceros”, agrega.
Las modificaciones, dice, en vez depromover certeza jurídica, promoverían el uso de justicia pormano propia y el incremento de la violencia. Además, representanuna amenaza hacia el concepto de presunción de inocencia, lo cualresulta contrario a los derechos humanos y al Estado dederecho.
Este tipo de medidas, lejos derepresentar una solución integral ante los problemas actuales,demuestran incapacidad de las autoridades para cumplir con susatribuciones, sobretodo en el combate contra lainseguridad.
La violencia o atentar contra lavida de una persona no es la solución para terminar con ladelincuencia. Corresponde al Estado, autoridad e institucionesjudiciales, asegurar la protección e impartición de justicia. Porlo que exhortamos a que las autoridades responsables cumplan con suresponsabilidad de proteger la seguridad de los ciudadanos de lamejor manera posible, con total apego a la legalidad, yconsecuentemente, respetando los derechos humanos”, destacaCadhac.
