San Diego, EU.- El Gobierno de Estados Unidos indemnizará conun millón de dólares a los hijos del inmigrante AnastasioHernández para resolver el proceso legal que su familia inicióhace seis años cuando el mexicano murió tras recibir golpes ydescargas eléctricas por parte de agentes fronterizos enCalifornia.
El acuerdo que, aún debe ser aprobado por un juez federal,establece que la indemnización será dividida entre los cincohijos de Hernández, mientras que se destinaría cerca del 25% paracubrir los gastos de representación legal, indica la solicitudpresentada ante la corte del distrito sur de California.
"Estados Unidos ha aceptado pagar la cantidad entera y estálisto y dispuesto a pagar sujeto a la aprobación de estapetición", detalla el documento, firmado por el grupo legal querepresenta a los deudos.
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Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentóreingresar a Estados Unidos sin documentos. Horas más tarde, fuetrasladado a la antigua zona de deportaciones cercana a la garitade San Ysidro, en donde se registró un altercado que fue captadopor dos testigos quienes grabaron un video con sus teléfonoscelulares.
De acuerdo a la demanda, el suceso se habría iniciadosupuestamente porque el mexicano no acató la orden de poner lasmanos sobre la cabeza.
En respuesta, agentes fronterizos arrojaron a Hernández alsuelo, donde fue esposado y recibió una serie de golpes ydescargas eléctricas que ocasionaron su muerte unos días mástarde.
La antigua zona de deportaciones, sobre lo que en aquel entoncesera Puerta México, se encontraba a la vista de miles de peatonesque ingresan diariamente a la ciudad fronteriza de Tijuana.
En uno de los videos se escucha cómo Hernández pide ayuda enmás de una ocasión, mientras que testigos pedían a los oficialesque detuvieran los golpes.
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En noviembre de 2015, el Departamento de Justicia optó por nopresentar cargos criminales a doce agentes federales, incluyendosupervisores, al determinar que no había evidencia suficiente paracomprobar que estos actuaron con malicia.
El cierre de la investigación federal derivó en que en marzode 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares delindocumentado enviaran el caso para análisis ante la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH), en un proceso quecontinúa pendiente.
Este caso impulsó a que organismos civiles demandaran queagentes fronterizos porten cámaras en sus uniformes para evitarcasos de uso excesivo de fuerza.
Los abogados de los agentes involucrados habían presentado unaapelación ante el Noveno Circuito, aunque finalmente se llegó aun acuerdo para poner fin a la demanda civil por homicidio culposoy uso excesivo de fuerza interpuesta hace siete años.
Por lo pronto, se citó a una nueva audiencia a principios demarzo en la corte federal de San Diego, en la cual, se podríaaprobar la resolución.
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