David Piñón/Enviado
DENVER, CO.- La abogada Nina Di Salvo, promotora de la demandacontra Geo Group por explotación de los inmigrantes, aseguró quelos detenidos en el centro para deportaciones de esta zona, eranobligados a hacer labores de limpieza, a preparar alimentos ycumplir otras tareas que les pedían por un dólar diario.
Los trabajos forzados que busca demostrar ante un juez, dijo laabogada, no son por la intensidad de las tareas ni el sueldo que seles daba, sino por la forma en que fueron y son obligados miles deinmigrantes, con la amenaza de ser recluidos en celdas decastigo.
La directora de la agrupación “Hacia la Justicia”, asentadaen Denver, Colorado, dijo que la decisión del juez federal deaceptar que la demanda se vuelva colectiva es un gran avance en elcamino a reconocer que un socio del gobierno federal podría estarinvolucrado en el trabajo forzado, que es un delito grave.
Di Salvo manifestó que este recurso judicial puede ser unmecanismo a favor de individuos en condición vulnerable, como losinmigrantes, que hay dispersos en todo el país.
Consideró que los daños y perjuicios reclamados inicialmente,por 5 millones de pesos, se referían únicamente a los 9inmigrantes que fueron recluidos en 2014, los cuales motivaron lademanda original, pero ahora que el juez federal ha admitido quesea una acción colectiva y tiene un nuevo estatus jurídico, estopodría cambiar.
"El trabajo forzoso es una violación de la ley que hemosalegado," dijo la abogada de la agrupación que se dedica arepresentar principalmente trabajadores de bajos salarios. "Ya seaque esté pidiendo que el trabajo forzoso y la esclavitud, larealidad de los demandantes es prácticamente la misma. Estánsiendo obligados a trabajar en contra de su voluntad bajo laamenaza de la fuerza o el uso de la fuerza". Grupo GEO tambiénestá acusado de violar las leyes de salario mínimo de Coloradomediante el pago de los detenidos de un dólar por día en lugar delos 9 dólares por hora que deben pagarse como mínimo por lasempresas. Con ello, GEO se habría enriquecido injustamente,gracias a la mano de obra barata de los detenidos por el Serviciode Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el que trabaja elgrupo privado.
El fallo de acción masiva, agregó la abogada, llegó en unmomento crítico, por la amenaza del presidente Donald Trump dedeportar de 2 a 3 millones de inmigrantes indocumentados, lo cualpodría derivar en beneficios indebidos mayores a las empresas quetrabajan asociadas al gobierno, que tendrían mayores ventajasgracias a la política dura en materia de migración que hasostenido el gobierno federal.
"Más personas podrían estar siendo víctimas no sólo en elCentro de Detención de Aurora. Más personas podrían sersometidos a la política de trabajo forzado de GEO", denunció laabogada.
