El abogado David Dorantes, defensor de los policías de Mérida acusados de torturar y abusar sexualmente del joven José Eduardo Ravelo, agresiones que causaron su posterior fallecimiento, acusó diversas irregularidades y deficiencias en la declaración en contra de los elementos de seguridad y las investigaciones que realizó la Fiscalía de la entidad.
De acuerdo con Dorantes, en su declaración Ravelo señaló haber sido detenido en un lugar distinto por ocho elementos de seguridad de otra corporación policíaca, quienes se transportaban en una camioneta tipo Pick-up y tenían apellidos distintos a los policía municipales.
“Es decir, la víctima señaló cuestiones de modo, tiempo y lugar completamente distintos a la policía municipal. Señala una corporación de forma específica, señala una mecánica de los hechos, en este sentido la Fiscalía General del Estado debería investigar si efectivamente existen estos agentes y de esa corporación que se señala”, dijo en conferencia de prensa desde la Ciudad de México.
Además, señaló que Ravelo tuvo “conductas autolesivas” desde antes de su detención, razón por la cual ya presentaba heridas al momento de ser detenido. Además, aseguró tener diversos videos de prueba que muestran que no hubo violencia en contra del joven mientras estuvo bajo resguardo de los policías.
“La presión mediática provocó una investigación deficiente. No es posible que un defensor tuviera que entrevistar a los testigos directos, que nunca fueron entrevistados por el Fiscalía del Estado”, acusó.
Sin embargo, el abogado se negó a responder si los elementos señalados por Ravelo en su denuncia eran municipales o federales ni tampoco habló sobre si las lesiones que sufrió el joven fueron realizadas antes o después de su detención.
“Al día de hoy tenemos una tragedia para cinco familias. Para la víctima directa porque no sabe realmente qué sucedió, porque fue a denunciar a la Fiscalía General del Estado y no le hizo caso y quiso investigar a los elementos municipales y no investigó a la corporación seguridad que hizo el referencia”.
Fue el pasado 21 de julio cuando el joven José Eduardo Ravelo, de 23 años de edad, fue detenido por policías municipales de Mérida y llevado a la Comandancia de la ciudad, luego de que dos hombres lo denunciaron por haber lanzado una piedra al interior de un local.
Según las indagatorias al día siguiente Eduardo se presentó ante la Unidad de Investigación de la Fiscalía estatal para interponer su denuncia, lugar en el que se ordenó que el joven recibiera atención médica.
Ahí autoridades notificaron que el joven se encontraba en estado grave de salud, mismos que notificaron su deceso. De acuerdo con la necropcia, la causa de la muerte fue “síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo”.
Sin embargo, la mamá de Eduardo denunció que su hijo fue golpeado y violado durante el tiempo que estuvo bajo resguardo de los elementos de seguridad, situación que lo llevó a estar cuatro días en terapias intensiva y fallecer posteriormente.
Ante ello, cuatro policías fueron imputados el 7 de agosto por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación y tortura agravada. Sin embargo, fue el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda quien dictó la No Vinculación a proceso a no encontrar elementos de prueba.
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Esto llevó a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación del caso, incluso contra los que “encubrieron el caso”, misma que inició la tarde de este martes por el delito de tortura contra Ravelo.
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