/ lunes 10 de abril de 2017

CNDH pide protección para Semanario Zeta de Tijuana

Ante presuntas amenazas de la delincuencia organizada, laComisión de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de BajaCalifornia implementar medidas cautelares en favor de directivos,colaboradores e instalaciones del Semanario Zeta, con sede enTijuana.

El organismo también destacó que la persistencia de lasagresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en elpaís, dificulta la transición hacia la democracia a la que todoslos ciudadanos aspiran y merecen.

Resaltó que el Semanario Zeta es un medio de comunicación conuna amplia trayectoria y reconocimiento en esa ciudad fronterizadel Estado de Baja California y que no es la primera ocasión querecibe amenazas.

Indicó que el viernes 7 de abril envió un oficio al secretariode Gobierno de Baja California para que de común acuerdo con losbeneficiarios se implementen las medidas necesarias deseguridad.

Lee más: 

Ello, agregó, para salvaguardar la integridad, seguridadpersonal y la vida de los directivos y colaboradores del semanario,así como para resguardar sus instalaciones y garantizar el libreejercicio de su actividad periodística.

Refirió que tuvo conocimiento de diversas notas de que unpresunto líder de la delincuencia organizada regresó a Tijuanacon la intención de restablecer una organización criminal y“acabar con el semanario Zeta”.

En un comunicado, dijo que esa información la difundió ungrupo de investigadores de México y Estados Unidos.

Recordó que en noviembre de 2017 también se divulgóinformación relacionada con algunos integrantes de la delincuenciaorganizada que pretendían atentar contra el medio decomunicación.

Entérate: 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentóque solicitó en su oportunidad a las autoridades localesimplementar las medidas cautelares correspondientes.

La Comisión refirió que la libertad de expresión en Méxicoenfrenta desde hace muchos años una situación de especialgravedad ante las amenazas, atentados y homicidios cometidos encontra de periodistas en distintas regiones.

Por lo que todas las autoridades deben cumplir con susobligaciones en materia de prevención, investigación y sanciónde este tipo de agresiones, pues de lo contrario, "no podremostransitar como país hacia la democracia a la que todas y todosaspiramos y merecemos".

Ante presuntas amenazas de la delincuencia organizada, laComisión de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de BajaCalifornia implementar medidas cautelares en favor de directivos,colaboradores e instalaciones del Semanario Zeta, con sede enTijuana.

El organismo también destacó que la persistencia de lasagresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en elpaís, dificulta la transición hacia la democracia a la que todoslos ciudadanos aspiran y merecen.

Resaltó que el Semanario Zeta es un medio de comunicación conuna amplia trayectoria y reconocimiento en esa ciudad fronterizadel Estado de Baja California y que no es la primera ocasión querecibe amenazas.

Indicó que el viernes 7 de abril envió un oficio al secretariode Gobierno de Baja California para que de común acuerdo con losbeneficiarios se implementen las medidas necesarias deseguridad.

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Ello, agregó, para salvaguardar la integridad, seguridadpersonal y la vida de los directivos y colaboradores del semanario,así como para resguardar sus instalaciones y garantizar el libreejercicio de su actividad periodística.

Refirió que tuvo conocimiento de diversas notas de que unpresunto líder de la delincuencia organizada regresó a Tijuanacon la intención de restablecer una organización criminal y“acabar con el semanario Zeta”.

En un comunicado, dijo que esa información la difundió ungrupo de investigadores de México y Estados Unidos.

Recordó que en noviembre de 2017 también se divulgóinformación relacionada con algunos integrantes de la delincuenciaorganizada que pretendían atentar contra el medio decomunicación.

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Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentóque solicitó en su oportunidad a las autoridades localesimplementar las medidas cautelares correspondientes.

La Comisión refirió que la libertad de expresión en Méxicoenfrenta desde hace muchos años una situación de especialgravedad ante las amenazas, atentados y homicidios cometidos encontra de periodistas en distintas regiones.

Por lo que todas las autoridades deben cumplir con susobligaciones en materia de prevención, investigación y sanciónde este tipo de agresiones, pues de lo contrario, "no podremostransitar como país hacia la democracia a la que todas y todosaspiramos y merecemos".

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