El juez de control del distrito judicial Morelos en Chihuahua, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó auto de vinculación a proceso en contra de la alcaldesa con licencia María Eugenía Campos, candidata del PAN-PRD a la gubernatura, los exlegisladores locales Rodrigo D.R, del PRI, y María A.S, del Partido Verde Ecologista de México, por el delito de cohecho.
En la audiencia de vinculación a proceso que inicio el miércoles 31 de marzo y concluyó la noche de este jueves 1 de abril, se comprobó que cada uno de los involucrados recibieron la cantidad de 9, 2.5 y 3.8 millones 857 mil pesos por concepto de apoyo legislativo por parte del entonces Gobernador del Estado, César Horacio D.J.
El ministerio público acusó a los imputados de cohecho, delito establecido en el artículo 269 del Código Penal del Estado de Chihuahua, mismo que establece como sanción la prisión por un periodo que va de 6 meses a 9 años. Tiene agravantes de acuerdo al monto, además de una multa de 30 a 800 días. Así como en el 262 por el uso ilegal de atribuciones.
El delito se configura cuando servidores públicos, que por si o por otra persona reciban dinero o dádiva indebidamente para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones.
El juzgador estableció que existen elementos suficientes para presumir que recibió recursos públicos.
Durante el desarrollo de la audiencia, que duro más de 38 horas, se dio a conocer el listado de las personas beneficiadas por la nómina secreta del exmandatario, quien ahora enfrenta un proceso de extradición, entre los mencionados están lideres religiosos a quienes se les apoyo con cien mil pesos mensuales y 200 mil para el arzobispo de la Arquidiócesis de Chihuahua.
Así también la entonces diputada local PRD, Hortensia Aragón Castillo recibió la cantidad de 2 millones 300 mil pesos, recursos que regresó al Gobierno del Estado. Además entre los beneficiarios de la nómina secreta, estuvieron la política local del PRI, Liz A., Beatriz P., César J. M., así como candidatos del PRI a nivel nacional.
En la exposición de motivos, el Ministerio Público representado por Beatriz Aréchiga, sostuvo que Manuel C. G., hermano de la alcaldesa con licencia María Eugenia C, emitió diversas facturas en el año 2014, anexando supuestos entregables en respuesta al servicio nunca proporcionados, que llevaban como leyenda nombres de entidades de los Estados Unidos, y que sólo contenían guía del estado de Florida, así como de Chicago Illinois, que en realidad no contenía nada, además de una empresa española, que tampoco proporcionó servicio alguno. La defensa reviró que esta situación nada tiene que ver con la imputada.
La defensa de María Eugenia C. y María A., señalaron que sus representadas no recibieron recursos por aprobar las bursatilizaciones. Además intento darle validez a la declaración de un notario, quien actualmente se encuentra suspendido por violar el artículo 39 de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua, que rige la actuación del notario en caso de ser requerido por la autoridad.
La defensa de Rodrigo D.R. argumentó que su defendido nunca recibió dinero, sino que siendo el coordinador de la bancada priísta en Congreso del Estado tenía que apoyar al gobernador César Horacio D.J.
Este jueves, al terminar los alegatos se decretó un receso, la audiencia estaba pactada a las 10:00 horas, luego la difirieron hasta las 12, luego dijeron que a las 16:20, horas, pero no se reanudaba al grado que empezaron a circular rumores de que el juez estaba haciendo tiempo para emitir el fallo.
Tras casi 15 horas de receso se reanudó la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de los imputados.
La audiencia inició alrededor de las 19:20 horas, donde el juez de control realizó la lectura de las pruebas que aportaron ambas partes, a fin de establecer cuales tomaría en cuenta.
Trascurridos 15 minutos de la audiencia, se suspendió de manera momentánea debido a que ambas partes se quejaron porque un medio de comunicación estaba re trasmitiendo la audiencia. El juez realizó un llamado de atención y los representantes del Canal 28 tuvieron que abandonar la sala. La audiencia reanudó.
El juez de control, aceptó como válidas las pruebas que el Ministerio Público presentó en contra de los tres imputados en el expediente 2821/2020. Entre estas los testimonios de personas con identidad reservada quienes detallaron el modus operandi para los pagos realizados a varios y entre ellos a los 3 indiciados.
Además mencionó que la “caja chica” o nómina secreta no es un invento ya que existe una relación de hechos, donde incluso políticos, comunicadores y lideres sociales admitieron la recepción del recurso público enviado por César Horacio D.J.
Entre ellos Teokali Hidalgo del PRI por recibir casi 500 mil pesos, Armando Cabada, 4.3 mdp, entre otros, quienes aprovecharon el criterio de oportunidad, y regresaron el dinero saqueado a través de cheques de la Secretaría de Hacienda y contratos simulados.
El juez de control determinó que los 34 recibos de pago que firmó María Eugenia C., son auténticos y forman parte de la nómina secreta del ex gobernador. Señaló que la FGE realizó el cotejo correspondiente y se presentaron los periciales que certifican que los sellos coinciden por lo que se presume la existencia de originales. Los recibos certifican la entrega de dinero a líderes sociales, políticos, religiosos, empresas y personas.
Desestimó el video presentado por la defensa donde el Notario Público Luis Raúl Flores Sáenz pone en duda la copia de recibos certificados con la firma de María Eugenia C., los cuales se hicieron públicos a través de El Heraldo de Chihuahua.
Dichos recibos fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado luego de que este medio de comunicación los entregó y argumentó que llegaron de manera anónima a la redacción del rotativo.
Consideró que el video no es un interrogatorio formal.
Precisó que hay elementos para presumir que durante el trienio 2013-2016 se aprobaron varias cuestiones de interés para el ex mandatario como temas presupuestarios y magistraturas, ello coincide con el recurso desviado a favor de los imputados.
El juez determinó vincularlos a proceso.
