Para poner fin a la problemática de la contaminación y que se sancione a los responsables de dañar el medio ambiente, el diputado del Partido Acción Nacional, Luis Susarrey Flores propuso la creación de una Fiscalía Ambiental en Nuevo León.
El proyecto ya fue presentado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.
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Se trata de una iniciativa de reforma a los Artículos 44, 158 y 160 de la Constitución Política del Estado para quedar como sigue:
“Para contribuir a garantizar los derechos reconocidos en el presente artículo, el Estado contará con una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, cuyas atribuciones, integración y funcionamiento se regirán bajo las disposiciones de esta Constitución, de su Ley Orgánica y demás disposiciones de la legislación secundaria aplicables”
“Una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales que se dedique a investigar a fondo, que cuente con autonomía técnica, con presupuesto propio y por supuesto también, con atribuciones. Que tenga dientes para que realmente pueda castigar a las personas físicas y morales, fijas o móviles que estén contaminando empezando por el propio Gobierno. Como es el caso del Instituto de Movilidad por la contaminación que negaran camiones y taxis”, aseguró el diputado.
En su turno también expresó que “el Gobierno está contaminado, pregúnteles a los expertos, es un hecho que el mayor número de emisiones de contaminación viene del transporte público. Es una medida dura que puede ser polémica, que no soluciona quizá el problema totalmente, pero si da solución a una de las partes más sensibles y que representa la mayor proporción del problema que nos ubica como la ciudad más contaminada del país”.
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El legislador albiazul indicó que la Fiscalía Ambiental tendría las atribuciones para castigar los delitos ambientales. “El que contamine pague, se le castigue y en su momento, que vaya a prisión de acuerdo con el grado de sus actos”, apuntó.
En los últimos siete años por lo menos el 60 por ciento de los días del año presentan altos índices de contaminación en la zona metropolitana regiomontana.
Actualmente la Ciudad de México y Guadalajara cuentan con una policía ambiental.
