Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, el perredista Bernardo Barrada Ruiz y todos los integrantes del ayuntamiento, por desacato a una sentencia judicial que ordenó el pago de mas de 40 millones a 23 trabajadores despedidos injustificadamente.
En sesión de este Lunes, el pleno de la Corte analizó el incidente de inejecución de sentencia 105/2017, donde ordenaron también la consignación de la anterior integración del ayuntamiento que encabezó el priista Jorge Alberto Carrillo Jimenez.
Los ministros ordenaron en total la destitución de 22 las personas, quienes serán puestos a disposición de un juez de Distrito y podrían ser sentenciados a penas de hasta 10 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio del servicio público.
La destitución y puesta a disposición de un juez de Distrito fue a propuesta del ministro
José Ramón Cossío quien estimó que las autoridades desatendieron la sentencia y no hicieron lo necesario para dar cabal cumplimiento a la misma, pues a la fecha apenas pagaron 1.8 millones de los más de 40 millones de pesos a que estaban obligados, "motivo suficiente para su destitución y consignación".
En la discusión, los ministros consideraron que los sancionados incumplieron con la sentencia dictada el 30 de agosto de 2013, por el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco.
El ministro, detalló que este caso está relacionado con el juicio de amparo 2745/2012, promovido empleados del ayuntamiento que se quejaron contra actos de la administración municipal consistentes en el despido injustificado.
Con esto, la SCJN presentará directamente la imputación a los sancionados por el delito de desacato, y es un caso similar a la resiente destitución de Israel Moreno Rivera, Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, y su antecesor Manuel Ballesteros, quienes también incurrieron en desacato un amparo en materia laboral.
Empero, esta es la primera vez que la Corte sanciona a todo un cabildo en funciones y al que lo precedió, ya que los políticos perredistas tenían que haber pagado, desde el 6 de octubre de 2006, 38 millones 913 mil 081 pesos, a 23 ex trabajadores del municipio; la cantidad aumentó con el paso del tiempo, ya que el 12 de octubre de 2017, ascendía a 95 millones de pesos.
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