La Ley de Educación del Estado de Puebla ha generado el rechazo de rectores de instituciones privadas y partidos políticos, como el PAN y el PRI, que anunciaron acciones legales en contra debido a que fue aprobada sin un parlamento abierto y porque, a su parecer, el gobernador Luis Miguel Barbosa quiere tomar control de las escuelas particulares.
Del PAN, el dirigente nacional Marko Cortés cuestionó la ley al señalar que Morena exhibe cada día más su proyecto autoritario y que ahora en Puebla el gobernador Barbosa toma control de la educación privada, sin respetar el derecho de cada padre de decidir donde estudian sus hijos.
El exdiputado local del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, consideró que la norma atenta contra las instituciones privadas, sus bienes y su calidad educativa, que han contribuido a que Puebla sea líder a nivel nacional y que la educación debe defenderse de decisiones antidemocráticas.
El PRI consideró que la ley contiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica y constituye un atentado contra la propiedad privada.
El partido manifestó su respaldo total a la decisión de los diputados locales priistas, de no apoyar ninguna reforma que atente contra los derechos de las personas y debilite a las instituciones, ya que esta medida no representa a quienes tienen que hacerlo, quebranta el Estado de Derecho y contiene vacíos legales que generan incertidumbre jurídica.
Otro de los inconformes es el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Patrón, quien confirmó que desde el Consorcio Universitario analizan una acción judicial contra la ley estatal.
Emilio Baños, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), lamentó la oportunidad de brindarle a Puebla una ley que corrigiera ambigüedades de la Ley Federal.
También José Mata, rector de la Universidad Anáhuac, declaró que el Consorcio Universitario sigue trabajando para ponderar los alcances que pueda tener la norma en todo el sector educativo.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La Ley de Educación enviada por el gobernador Barbosa y aprobada en fast track en el Congreso local, establece políticas más severas a escuelas particulares al incorporar al Sistema Educativo Estatal los muebles e inmuebles, además de aplicar sanciones por 434 mil pesos por retener documentación y no brindar el servicio educativo.
La norma que consta de 12 títulos, 155 artículos y 8 artículos transitorios fue aprobada el 15 de mayo en la sesión virtual del Pleno del Congreso del Estado que duró siete horas de discusión.
Uno de los artículos que generó debate es el 105 que establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal, lo cual puede interpretarse como una apropiación del Estado.
Ante las críticas, Barbosa argumentó que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación y que por obligación esta previsión quedó establecida en la Ley de Educación Estatal en su artículo 105, además de que su alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes, sino de que sirvan para los fines educativos a que son destinados.
INVESTIGARÁN AUMENTO EN CUOTAS
La norma también establece que los usuarios de servicios prestados por escuelas privadas podrán solicitar a las autoridades educativas (la SEP), acciones de vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rige la prestación del servicio.
“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”, destaca la nueva ley.
LAS SANCIONES
El artículo 148 de la ley señala que por retener documentos personales o académicos por falta de pago, entre otras infracciones, se impondrá multa hasta de 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir hasta 434 mil 400 pesos, que en caso de reincidencia se duplicaría.
Además, la nueva ley agrega obligaciones a particulares que impartan educación como la de abstenerse de condicionar la prestación del servicio público a la adquisición de uniformes y materiales didácticos, así como de actividades extraescolares, además de no retener documentos personales y académicos por falta de pago, o prestar el servicio educativo en lugares que cuenten con algún espacio destinado a casa habitación o conserjería.
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