El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló indagar las presuntas retenciones en la nómina de trabajadores de Colima que presuntamente fueron destinadas para financiar las giras de Claudia Sheinbaum, durante su búsqueda de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en 2023, hechos que constituyen un delito electoral.
En un primer momento, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) dijo que no era procedente sancionar por carecer de elementos, sin embargo, el consejero Martín Faz pidió una investigación más exhaustiva, en la que la Unidad Técnica despliegue sus facultades de investigación atendiendo las particularidades del caso que fue denunciado en tres reportajes, y sus compañeros aprobaron su propuesta.
El consejero detalló que la UTF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de 250 trabajadores en los que no detectó actividad alguna referente a transferencias entre personas morales y algún partido político, sin embargo Faz Mora indicó que los reportajes denunciaron que las retenciones eran realizadas en efectivo, una vez que era depositada la quincena, por lo que dijo no se hizo una investigación adecuada.
“Comprendo perfectamente la complejidad de investigar el efectivo que se extrae del sistema bancario para precisamente no dejar rastro, como sí ocurrió en casos similares relativos a descuentos de nómina, razón por la cual considero que no es posible encontrar hallazgos relevantes a tan sólo unos cuantos meses de iniciada la investigación. Cabe recordar que en asuntos similares la Unidad ha tardado años en poder presentar a este Consejo General sus conclusiones”, dijo.
Faz Mora dijo que, si bien se hicieron algunas consultas al gobierno de Colima, no se aprecia que se hayan dirigido requerimientos de información a todas las personas servidoras públicas señaladas en uno de los reportajes como operadoras de la supuesta red de financiamiento y apoyo paralelo.
El consejero indicó que la UTF intentó realizar un cuestionario a 249 personas servidoras públicas del estado de Colima, por lo que pidió sensibilidad --si es que la Unidad Técnica emprenderá las entrevistas-- al momento de preguntar si sufrieron algún recorte porque la UTF podría provocar problemas a los trabajadores.
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“Ahora las personas continúan prestando sus servicios para la misma administración, lo que podría dirigir el sentido de sus respuestas o simplemente justificar su negativa a no contestar, razón por la cual la unidad debe explorar las vías jurídicas que se tengan al alcance, para garantizar algún tipo de protección o confidencialidad de los datos de las personas que ofrezcan un testimonio que les pueda significar algún tipo de prejuicio”, expresó.
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