El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, confirmó su regreso como Senador y publicó un comentario en su página de redes sociales.
Donde colocó una foto y el siguiente comentario: “Mi compromiso con el bienestar de Baja California no se detiene. Hoy regreso a la responsabilidad que se me confió para ser la voz del pueblo bajacaliforniano en la Cámara de Senadores”
Como siempre trabajaré incansablemente por la Cuarta Transformación, pero sobre todo para que Baja California esté bien representada en el Senado
Bonilla Valdez estuvo ausente casi tres años del cargo para contender como candidato a la gubernatura de Baja California, la cual ganó y estuvo en el mandato por dos años.
En su lugar, estuvo en el Senado su suplente, Gerardo Novelo Osuna.
¿Los antecedentes de Bonilla?
El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez regresa a la escena pública tras tener una licencia como Senador de la República, pero su retorno está rodeado de un historial de gobierno que se encuentra en demandas, moches y polémicas no esclarecidas.
El más reciente caso es la licitación que entregó a la empresa Next Energy donde casi al finalizar su mandato ajustó el contrato para que la empresa pudiera reclamar los pagos en caso de una cancelación del proyecto de la planta fotovoltaica a instalar en Mexicali, pero dichos beneficios fue sin que contará con permisos y licencias de instalación y construcción.
Además que el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que el tema de una planta que genere energía es cuestión federal y no estatal, y aunado a la falta de permisos y licencias, sentenció que no se instalaría en Baja California.
Pero la empresa Next Energy en su contrato tiene a la banca Afirme para que pueda empezar a reclamar los pagos por no permitirse la instalación, lo cual ha costado hasta el momento 123 millones de pesos al estado al haber retenido de las participaciones federales de enero y febrero del presente año por el monto antes señalado.
Por su parte, la secretaría de hacienda estatal y en voz de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda han presentado una denuncia en contra de las cláusulas del contrato que catalogaron de leonino y en perjuicio contra las finanzas de Baja California por 12 mil millones de pesos.
Caso Lourdes
Jaime Bonilla regresaría al senado de la República en medio de las recientes agresiones a la prensa y particularmente en contra de Lourdes Maldonado quien fue asesinada en la puerta de su casa y unos días antes, había ganado un pleito legal contra el también empresario de medios de comunicación.
En entrevista con el Sol de Tijuana, Lourdes Maldonado se dijo feliz después de un largo peregrinar de nueve años empujando su demanda laboral en contra del ex gobernador de Baja California, por despido injustificado.
Este hecho escaló a nivel nacional debido a que en marzo del 2019, la reportera se presentó en la conferencia matutina diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador para acusar al ex gobernador de cambiar a su favor el laudo que ella había ganado en la Junta de Conciliación local.
“Temo por mi vida, y le vengo a decir que el señor es un corrupto”, recordó Lourdes Maldonado haberle dicho al presidente de México, una semana después de haber ganado la demanda y que su empresa de televisión iba a ser embargada, la periodista fue asesinada.
Los moches
Aunque el gobierno del primer mandatario estatal emanado del partido Morena, fue de solo dos años por transición y empate de elecciones, previamente legislado, se enfrentó a una polémica de “moches”.
Al inicio de la administración fueron señalados por conversaciones filtradas de whatsapp que el ex oficial mayor Jesús Núñez Camacho y la ex secretaria de bienestar social, Cynthia Gissel García Soberanos pedía “moches” para otorgar la licitación de comida en los centros de reinserción social.
También estuvo involucrado el ex secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano quien además fue la mano derecha del ex gobernador; sin embargo hubo denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado donde se designó literalmente al compadre de Jaime Bonilla, el polémico Guillermo Ruiz Hernandez quien determinó que no había tema de investigación y se cerró con carpetazo el tema.
Ley Bonilla
Jaime Bonilla buscó reformar la constitución del estado de Baja California para que su mandato no fuera de 2 años y pedía que se extendiera a 5 años, argumentando que había un cambio en la convocatoria de candidaturas a la gubernatura.
Aunque presentó recursos de controversia constitucional, la cual ganó en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, el tema llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde señalaron que la intención era inconstitucional.
Fisamex
El gobierno de Jaime Bonilla contrató a un despacho para que fiscalizara las deudas por concepto de agua en todos los niveles y sectores de Baja California, y entregó ese contrato a Fisamex, quien trabajó en toda la entidad pero que usaba los recursos de las comisiones del agua estatales para realizar las operaciones, citatorios y cobros que sumaron más de mil 800 millones de pesos, sin que hasta el momento se conozca el paradero del dinero o en que se invirtió.
Fisamex se llevó por comisiones más de 339 millones de pesos en dos años y sus acciones generaron múltiples demandas de amparo en contra de sus cobros, donde empresarios señalaban que pedían cobros por derechos de conexión nunca antes referidos o que era de más de 10 años de anterioridad, además de cobros por rezagos y aplicaban cortos periodos de tiempo para regularizarse.
Manuel García quien era el titular de Fisamex tuvo que dejar de informar lo recaudado porque se difundieron videos donde presuntamente estaba inhalando cocaína, fue el propio ex gobernador Jaime Bonilla quien en uno de sus videos de la mañanera estatal, lo defendió y dijo que ocupaba “ayuda profesional”.
Desayunos escolares
El ex gobernador implementó un programa para entregar desayunos escolares calientes en todas las escuelas de educación básica en Baja California, pero fue por un contrato por adjudicación directa.
Donde se cuestionó la falta de transparencia de los montos y contratos, incluso en Mexicali hubo relación de una encargada o vocera del proyecto ligada al mismo tiempo con la Secretaría General de Gobierno.
Por la pandemia se suspendió el programa que costaría cerca de mil 800 millones de pesos anuales, sin conocerse en donde quedó o se destinó ese recursos, así como la polémica de que en varias primarias reclamaron que la comida llegaba revuelta con apariencia de vómito y que los estudiantes no la quería, preferían llevar lonche o ir desayunados desde casa.
Nota publicada originalmente en La Voz de la Frontera
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