Con el homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, suman siete los asesinatos contra activistas, principalmente ambientalistas y defensores de derechos humanos, durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
A Ana Luisa Garduño, de 51 años, le quitaron la vida dentro de su negocio, el bar Apolo XI, en el centro de Temixco, Morelos. Ella se convirtió en una luchadora social luego del crimen de su hija, Ana Karen Huicochea Garduño, en 2012, brindando atención y acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio.
En aquel miércoles 12 de diciembre del 2012, Eduardo N presuntamente le disparó a Ana Karen en su casa del fraccionamiento Burgos de Temixco, debido a que ella dio por terminada su relación que habían iniciado por internet un año antes. Desde entonces, Ana Luisa solamente se dedicó a buscarlo, incluso pagó por su propia cuenta la investigación para dar con el responsable en el estado de Jalisco.
Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no actuaron a tiempo y Eduardo N, de entonces 23 años, logró escapar y a la fecha no ha sido localizado. Eso llevó a Ana Luisa a realizar una serie de protestas y manifestaciones a través de su propia organización de apoyo que nombró Ana Karen Vive.
Ana Luisa participó activamente en la exhumación de cuerpos de las fosas clandestinas en el panteón del poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla; dio seguimiento al proceso de identificación humana de esas personas, y también intervino en la exhumación de las fosas de la FGE del panteón ubicado en la colonia Pedro Amaro de Jojutla.
Ella tenía la ideología de no atacar al Gobierno, sino a sus omisiones. “Yo no necesito nada, solamente que se hagan las cosas bien”, solía decir sobre los casos de desaparecidos en Morelos. Participó en innumerables protestas por las víctimas y siguió el proceso de la creación de la ley de víctimas en el estado de Morelos que dio paso a la creación de la Comisión Estatal de Atención y Reparación de Víctimas (CEARV) en marzo de 2014.
Sus compañeras de lucha, otras mamás y hermanas que han pasado años igual que Ana Luisa buscando justicia y verdad, aseguraron estar devastadas con su crimen y pidieron tiempo para volver a alzar la voz, ahora no solamente por los suyos sino por Ana Luisa quien, en más de una ocasión, con palabras fuertes interrumpía al fiscal estatal, a regionales o ministerios públicos para exigir que sin rodeos cumplieran con su único deber, el de procurar justicia.
Las otras víctimas
El 18 febrero de 2019 fue asesinado Rubén Fajardo, observador de derechos humanos integrante del Consejo Nacional Ciudadano. Dos días después, mataron a Samir Flores, líder del Frente en Defensa del Agua y la Tierra y principal opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huexca. Ese mismo año, el 14 de octubre, hallaron el cuerpo de Paul Vizcarra, empresario y ambientalista morelense, sobre la carretera México-Cuernavaca.
➡️ Exigen investigar a Cuauhtémoc Blanco por asesinato del activista Samir Flores
En 2020 fueron asesinados los ambientalistas Isaac Medrano Avilés y Rodrigo Morales. En septiembre de 2021, se registró el homicidio de Alejandro García Zagal, conocido como El Chepe, quien encabezó las protestas contra los altos cobros de agua en Cuernavaca
Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos local (CEDHMor), acusó que Morelos se está consolidando como un estado “no anfitrión del mundo, sino en el anfiteatro del mundo” en donde ser mujer, niña o niño, adolescente, periodista, activista, defensor de derechos humanos podría costarle la vida.
El ombudsman negó que este tipo de declaraciones resulten una exageración ante cifras como el que más de tres mil homicidios dolosos se cometieron en flagrancia y sin detenidos, lo que deja ver que existe impunidad por parte de las policías, mismas que incluso podrían trabajar en complicidad con los delincuentes, sumado a la falta de inversión pública en materia de seguridad como es en cámaras de videovigilancia, una policía de proximidad.
“Definitivamente Morelos vive una regresión, está lejos, lejos, de un estado moderno en donde la violencia únicamente puede ser utilizada de manera legítima por las autoridades encargadas de la seguridad, cosa que no sucede, tenemos un gobierno de papel; en la realidad, esto y nada es lo mismo”, señaló Hernández Cruz.
Lo que ocurre en las tierras del general Emiliano Zapata Salazar, dijo el ombudsman estatal, se deben analizar hasta en el ámbito internacional, es inédito, aunque reconoció que la descomposición social es de muchos años atrás, se ha recrudecido en estos tres años de administración de Blanco Bravo.
Frente a una sociedad que se encuentra en el desamparo, el presidente de la CEDHMor señaló que debe ser analítica, que someta al gobierno a un escrutinio público, se exija una rendición de cuentas, pero también proponer para en un futuro tener mejores administraciones.
Con información de Jessica Arellano | El Sol de Cuernavaca
