/ jueves 6 de septiembre de 2018

Ampara Corte a comunidad de Bacanuchi en Sonora

Se viola su derecho a participar en asuntos y afectan su derecho a un medio ambiente sano

La comunidad de Bacanuchi, Sonora tendrá que ser consultada para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pueda otorgar permiso de construcción de una presa a la minera Buenavista del Cobre, la cual está prevista contenga más desechos que los derramados en 2014 y que afectó a todo el río Sonora.

Por mayoría, los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ampararon a la comunidad de Bacanuchi contra la construcción de la presa Jales Mineros, por parte de Grupo México, ya que aseguran se debió consultar a esa comunidad previo a la emisión de la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para construir y operar la presa.

El proyecto del ministro Javier Laynez ofreció amparo para el efecto de que las autoridades de Sonora otorguen el derecho de consulta a los representantes de la comunidad de Bacanuchi, que se oponen a la construcción de una nueva presa, al considerar que se violaba su derecho a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho a un medio ambiente sano.

El caso se deriva luego de que un Juez de Distrito consideró que los comuneros no acreditaron una afectación en sus derechos, en la medida en que su residencia no se encontraba en el territorio afectado por la construcción de dicha obra, esto en Cananea, Sonora.

La comunidad impugnó tal sentencia y el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió que a pesar de que su residencia no se encontraba en el municipio de Cananea, en donde se autorizó la construcción de la presa de Jales, también lo es que el pueblo de Bacanuchi es adyacente a ese lugar, de modo que su construcción les impacta. También, dada la importancia del asunto, solicitó que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción.

Ayer los ministros llegaron a la conclusión de que el derecho a la participación previsto en la Constitución Política en diversos tratados internacionales, no se restringe a participar en asuntos políticos, sino que incluye la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas y proyectos medioambientales

La comunidad de Bacanuchi, Sonora tendrá que ser consultada para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pueda otorgar permiso de construcción de una presa a la minera Buenavista del Cobre, la cual está prevista contenga más desechos que los derramados en 2014 y que afectó a todo el río Sonora.

Por mayoría, los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ampararon a la comunidad de Bacanuchi contra la construcción de la presa Jales Mineros, por parte de Grupo México, ya que aseguran se debió consultar a esa comunidad previo a la emisión de la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para construir y operar la presa.

El proyecto del ministro Javier Laynez ofreció amparo para el efecto de que las autoridades de Sonora otorguen el derecho de consulta a los representantes de la comunidad de Bacanuchi, que se oponen a la construcción de una nueva presa, al considerar que se violaba su derecho a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho a un medio ambiente sano.

El caso se deriva luego de que un Juez de Distrito consideró que los comuneros no acreditaron una afectación en sus derechos, en la medida en que su residencia no se encontraba en el territorio afectado por la construcción de dicha obra, esto en Cananea, Sonora.

La comunidad impugnó tal sentencia y el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió que a pesar de que su residencia no se encontraba en el municipio de Cananea, en donde se autorizó la construcción de la presa de Jales, también lo es que el pueblo de Bacanuchi es adyacente a ese lugar, de modo que su construcción les impacta. También, dada la importancia del asunto, solicitó que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción.

Ayer los ministros llegaron a la conclusión de que el derecho a la participación previsto en la Constitución Política en diversos tratados internacionales, no se restringe a participar en asuntos políticos, sino que incluye la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas y proyectos medioambientales

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