Para evitar el matrimonio infantil y proteger a menores de edad, la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga busca impulsar una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, la cual fue turnada a comisiones para su análisis y posible aprobación.
Esto, con el objetivo de armonizar las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la norma de la materia en el Estado, donde se establece la obligatoriedad de las autoridades estatales y municipales a adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.
La propuesta plantea reformar el artículo 41, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: “Corresponde a quienes ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo”.
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Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas apropiadas. Para garantizar este derecho, se establece como edad legal para contraer matrimonio, los dieciocho años.
Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social.
En la exposición de motivos se establece que el matrimonio infantil, también denominado matrimonio a edad temprana, hace referencia a cualquier unión civil, religiosa y consensual en la que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años.
En 2012, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que alrededor de 400 millones de mujeres entre 20 y 49 años en todo el mundo se habían casado o unido antes de cumplir 18 años. Esta cifra aumentó a 700 millones en 2016 y de mantenerse la tenencia actual podría incrementarse a 950 millones en 2030.
Publicado originalmente en El Sol de San Luis
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