La organización Transparencia por Quintana Roo A.C. dio a conocer que se alista nuevas denuncias contra la ex alcaldesa de Puerto Morelos y ahora candidata a gobernador de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, por desvíos de recursos y obras no realizadas en su administración.
Sobre la abanderada de la alianza PAN-PRD (Va por Quintana Roo) pesan varias denuncias ante la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo), lo que pondría en riesgo su candidatura a la gubernatura.
La ex alcaldesa de Puerto Morelos y actual diputada federal con licencia, Laura Lynn Fernández Piña enfrenta denuncias que existen en su contra y así como recientes irregularidades encontradas en la auditoría que ha realizado la nueva administración municipal del municipio que gobernó por seis años y que encabeza ahora Blanca Merari.
De acuerdo con Transparencia por Quintana Roo, la ex edil será llamada a cuenta por millonarios desvíos de recursos durante su administración y con ella también serán citados algunos funcionarios de su administración que se coludieron para consumar un millonario desfalco al arcas de ese municipio.
Desde el 2018 hay recursos sin comprobar de la ex alcaldesa; en el 2019, igual se detectaron irregularidades, y hay denuncias en su contra.
La documentación será presentada ante el órgano de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, por lo que sería llamada junto a su equipo de funcionarios de alto nivel para que respondan por los recursos económicos que no aparecen y las obras que no realizaron y se pagaron durante su administración.
Laura Laura Fernández Piña obtuvo fuero al elegirse diputada federal, hoy con licencia; sin embargo, afirman que ello no será impedimento para que responda a los millonarios desvíos en Puerto Morelos.
La candidata a la alianza “Va por Q. Roo”, Laura Fernández Piña, y sus ex colaboradores, tendrán que presentarse para justificar malos movimientos financieros en el Ayuntamiento Puerto Morelos del periodo 2018 al 2021.
De acuerdo con la organización Transparencia por Quintana Roo, luego de atender e investigar una denuncia ciudadana, se descubrió que Fernández Piña habría desviado recursos a través de programas irregulares de apoyo económico, pues los beneficiarios habrían sido funcionarios de alto nivel y no los grupos vulnerables.
La asociación encontró que a través del programa de apoyo económico denominado “Programa Institucional de Gestión Social” que no está incorporado en los Programas Municipales 2016-2018, aprobados por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Sin fuero o con fuero, la expresidenta municipal de Puerto Morelos debe responder por el desvío de recursos públicos durante los años 2018, 2019 y 2020, según la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo).
De entrada, tendrá que enfrentar las denuncias penales que presentó la Aseqroo contra la ex alcaldesa del municipio de Puerto Morelos, por ejercicio de recursos públicos que faltaron por comprobar en la cuenta pública de 2018.
Y es que ya se agotaron todas las instancias de la etapa de investigación sobre estas observaciones no solventadas, informó el auditor superior del estado, Manuel Palacios Herrera, en reunión de trabajo con los diputados en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, en la que se inició el análisis de los informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019.
Las denuncias de hechos, interpuestas ante la Fiscalía Anticorrupción, son por daños a la hacienda pública e involucran a funcionarios de las administraciones que entonces fueron encabezadas por Laura Fernández Piña. En el caso de Puerto Morelos hay un desfalco cercano a los 6 millones de pesos que quedó sin comprobar debidamente.
Pero ese desvío de recursos no es el único en el historial de Fernández Piña, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había descubierto una malversación de fondos de parte de la alcaldesa por 90 millones 330 mil pesos, que presuntamente habrían sido canalizados para el pago de mil 80 aviadores a razón de 24 quincenas a cada uno.
Los empleados inexistentes habrían estado cobrando sin hallarse registrados en la plantilla laboral ni en los tabuladores salariales emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, a través de una partida federal por 90 millones 330 mil pesos, de los cuales Laura Fernández Piña jamás especificó en qué se gastaron.
