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Oliver Castañeda Correa, procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, aseguró que los derechos de los menores de edad deben de ser respetados al 100 por ciento, luego de que un juez que liberó al presunto agresor sexual de una niña de cuatro años en el Estado de México.
El 15 de febrero el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, dejó en libertad al presunto abusador y tío de la menor, Alejandro N, debido a que la menor no pudo precisar el día, lugar y fecha en que fue presuntamente agredida.
“¿Dónde está la corroboración de esa información (lugar y hora de la agresión)? Ante la insuficiencia aprobatoria desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es otorgar fallo absolutorio al señor Alejandro”, dijo el juez.
El Poder Judicial del Estado de México explicó que el juez resolvió que no existieron medios de prueba para reconstruir cada uno de los hechos aseverados y que el tío de la menor comprobó que no estuvo en contacto con ella. Este miércoles agregó que revisará ante la contraloría el actuar de los jueces involucrados.
En conferencia de prensa, el procurador federal aseguró que el DIF no tiene injerencia en la decisión del juez, y aseguró que los derechos de los niñas y niños tiene que ser respetado al 100 por ciento.
“La decisión que tomó el juez (de liberar al agresor), pues no tenemos injerencia, lo que sí te puedo decir es que tenemos una relación muy intensa con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y con todos los poderes judiciales de las entidades federativas.
“Los derechos de niñas y niños en los juicios debe de ser respetados al 100 por ciento y sobre todo su derecho de participación, que implica darles a conocer de qué se trata el asunto, escuchar su opinión y tomarla en consideración”, dijo.
Oliver Castañeda mencionó que hay representantes jurídicos en casos en donde están involucrados menores de edad, y aunque es obligatoria la representación, las autoridades jurisdiccionales tiene que valorarla y solicitarla al juez.
“La representación jurídica especial sí es obligatoria. Cuando una autoridad como un juez decide que hay esta necesidad (…) La representación especial, por ser autoridad especializadas, nosotros podemos reforzar en ello, pero sí hay una obligación para que participemos, y las autoridades jurisdiccionales o administrativas tienen que valorarla para solicitarla”, dijo Oliver Castañeda.
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