Ante posibles omisiones en las búsquedas de María Fernanda y Debanhi, las dos jóvenes que fueron halladas sin vida tras ser reportadas como desaparecidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió dos quejas de oficio contra la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Además, se ha solicitado documentos a otras instancias involucradas como la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión Local de Búsqueda, pues se busca determinar si la Fiscalía incurrió o no en fallas en el protocolo de búsqueda, informó la presidenta de la CEDH, Olga Susana Méndez Arellano.
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"Ante las declaraciones de los padres de familia, de posibles omisiones en la investigación, en la búsqueda y en la localización de estas dos jóvenes, la Comisión tomó la decisión de iniciar dos quejas de oficio", explicó la titular de Derechos Humanos.
También se han presentado en el año otras seis denuncias de familiares de personas desaparecidas contra las autoridades, las cuales siguen en investigación.
En los dos casos que ahora se investigan por parte de Derechos Humanos, las familias de las jóvenes mostraron inconformidad contra la Fiscalía por presuntamente haber dilatado la búsqueda o no brindarles información completa.
Debanhi Susana Escobar, de 18 años, desapareció el 9 de abril en la Carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, y fue encontrada sin vida el 21 de abril dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla.
A su vez, María Fernanda, de 27 años, desapareció el domingo 3 de abril y su cuerpo fue localizado en una casa de la Colonia ExHacienda Santa Rosa, en el municipio de Apodaca.
Alerta contra organizaciones presuntas defensoras de derechos humanos
Por otro lado, la CEDH informó que existen organizaciones no gubernamentales que llegan a pedir desde 50 mil hasta 100 mil pesos por apoyar a las familias en acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
La instancia alertó que a nivel nacional han surgido supuestos defensores de derechos humanos que ofrecen apoyo como organismos públicos.
La Presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, señaló que existe una preocupación generalizada en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, conformada por las Comisiones de los 32 estados del País y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la creación de organizaciones no gubernamentales que pudieran confundir a la población sobre las funciones que realizan estos organismos públicos.
“Algunos grupos se han acercado a ofrecer apoyo como organismos públicos, lo cual no es cierto”.
“En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, hay una organización que ha pedido datos a las personas, y al poco tiempo se comunican con ellos para amenazarlos”.
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Méndez Arellano destacó que estas organizaciones han incrementado su presencia en materia de personas migrantes y personas desaparecidas, y llegan a pedir desde 50 mil hasta 100 mil pesos por apoyar a las familias en acciones de búsqueda.
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