Las personas de origen indígena que se encuentran en las prisiones de Nuevo León, tienen procedimiento penal sin asistencia de traductores, intérpretes y defensores, denunció el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, diputado Ricardo Canavati Hadjópulos.
El legislador recordó que hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el Derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
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Canavati reveló que en las prisiones de Nuevo León las personas indígenas acusadas de cometer un delito, están destinadas a enfrentar un procedimiento penal sin comprender los motivos y el desarrollo, lo que afecta sus derechos humanos a tener un juicio apegado a derecho.
El legislador considera que el Estado a través del gobernador Samuel García debe darse esa asistencia y cumplir con la recomendación de Derechos Humanos.
“El Estado debe de asumir el compromiso real para asegurar que a las personas indígenas se les brinde la asistencia gratuita de personas intérpretes, traductoras y defensoras, que conozcan su lengua y su cultura para que puedan enfrentar un juicio apegado a derecho”.
Dijo que las comunidades indígenas enfrentan desventajas sociales como la discriminación, la exclusión, la marginación social y violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito de la procuración y administración de justicia, especialmente en materia penal, en donde se aprecia una violación a sus derechos lingüísticos, reconocidos en la Constitución.
Las violaciones a los derechos de los indígenas se dan cuando hay detenciones, son sujetos a un proceso, o privados de su libertad de manera preventiva por la posible comisión de algún delito, o cuando son sometidos a un procedimiento de orden penal.
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“Es facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal la creación de cualquier instancia u organismo bajo los términos planteados en la recomendación enviada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, comentó Canavati.
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