GUADALAJARA. Los extitulares de la Secretaría de Salud Jalisco en la pasada administración priísta, Jaime Agustín N y Antonio N, así como Miguel Ángel N, exdirector general de Administración del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, enfrentan un nuevo proceso, al que fueron vinculados. Se trata del irregular contrato en la adquisición de videocámaras para la vigilancia de enfermos de ébola y el posterior servicio de mantenimiento.
El juez segundo de Control, Juan José Rodríguez Velarde, vinculó a proceso a los excolaboradores del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, con relación a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la compra irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias en el estado, y contratos por prestación de servicios. Presumen que hubo “compras dirigidas” que luego se consintieron en el cambio de secretario.
Por ello, tanto el exsecretario Antonio N, como su antecesor Miguel Ángel N, fueron vinculados a proceso por el delito contenido en el artículo 152 fracción II, consistente en otorgar permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico; mientras que Jaime Agustín N por el delito contenido en el artículo 152 fracción IV, por otorgar, realizar o contratar obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores, con recursos económicos públicos.
Fernando N, exdirector jurídico del OPD Servicios de Salud Jalisco, quien fue imputado por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la audiencia inicial que inició el pasado 20 de febrero, no fue vinculado a proceso.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tiene al menos otras diez carpetas de investigación abiertas en el tema de la administración del sector salud durante la pasada administración. Es difícil establecer montos y pudiera involucrar a más funcionarios de los ya vinculados a proceso hasta en dos ocasiones, dos exsecretarios y exadministrador, así lo reveló el fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar: “Todavía tenemos tranquilamente diez carpetas, yo se que se han manejado cantidades cuantiosas, se ha hablado de 500 millones de pesos; pero aquí se han manejado las irregularidades administrativas que salieron a la vista en el proceso de entrega y recepción”.
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