/ jueves 21 de abril de 2022

Hasta 6 años de prisión a quien imponga terapia de conversión sexual en Baja California

Corral Quintero, coordinadora de los diputados del PAN, argumentó que la iniciativa responde más a un carácter ideológico, ya que no presenta cifras de casos

Por 20 votos a favor y 4 en contra, el congreso de Baja California aprobó que se impongan hasta 6 años de prisión y multa de hasta 2 mil veces de unidad de medida, a quien obligue a una persona o bien, aplique terapias de conversión sexual.

En la sesión plenaria de este jueves, se presentó el dictamen número 2 de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, en la que de adhiere en Capítulo XII denominado Delitos Contra la Orientación Sexual, la Identidad y Expresión de Género, al Título Primero del Código Penal para el Estado de Baja California.

Se reformó el artículo 21 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California, cuyas inicialistas son las diputadas lo ales por Morena, Julia Andrea González Quiroz y Evelyn Sánchez Sánchez.

Te puede interesar: ¿Qué estados en México prohíben las terapias de conversión?

Es así que se imponen de 2 a 6 años de prisión y multa que va de 500 a 2 mil veces la unidad de medida, a quien realice, imparta, aplique, obligue a cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica que obstaculice, impida, restrinja, menoscabe o suprima la identidad, orientación sexual u orientación de género de una persona.

Los votos en contra fueron por parte de las diputados del PAN Alejandrina Corral Quintero y Amintha Briceño Cinco, además del diputado Diego Echevarría, además del legislador sin partido, Miguel Peña.

Corral Quintero, coordinadora de los diputados del PAN, argumentó que la iniciativa responde más a un carácter ideológico, ya que no presenta cifras de casos, denuncias o elementos, se deja en la vulnerabilidad a los profesionales a médicos, sicólogos, siquiatras, incluso a los profesionales de tipo deportivo.

Consideró que está iniciativa era innecesaria, ya que delitos como la privación ilegal de la libertad y tortura, ya están tipificadas en el Código Penal.

El diputado por Morena, Juan Manuel Molina García, argumentó que hay tipos penales genéricos y específicos, y es en estos últimos que se aplican para quienes con la mentalidad del pasado, creen que se puede cambiar las tendencias con las que se nacen.

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La diputada por el PES, Montserrat Rodríguez Lorenzo destacó que votó a favor de la iniciativa debido a que en su experiencia como médica, nunca ha encontrado evidencia sobre la efectividad de estas terapias.

Publicado originalmente en La Voz de la Frontera



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Por 20 votos a favor y 4 en contra, el congreso de Baja California aprobó que se impongan hasta 6 años de prisión y multa de hasta 2 mil veces de unidad de medida, a quien obligue a una persona o bien, aplique terapias de conversión sexual.

En la sesión plenaria de este jueves, se presentó el dictamen número 2 de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, en la que de adhiere en Capítulo XII denominado Delitos Contra la Orientación Sexual, la Identidad y Expresión de Género, al Título Primero del Código Penal para el Estado de Baja California.

Se reformó el artículo 21 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California, cuyas inicialistas son las diputadas lo ales por Morena, Julia Andrea González Quiroz y Evelyn Sánchez Sánchez.

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Es así que se imponen de 2 a 6 años de prisión y multa que va de 500 a 2 mil veces la unidad de medida, a quien realice, imparta, aplique, obligue a cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica que obstaculice, impida, restrinja, menoscabe o suprima la identidad, orientación sexual u orientación de género de una persona.

Los votos en contra fueron por parte de las diputados del PAN Alejandrina Corral Quintero y Amintha Briceño Cinco, además del diputado Diego Echevarría, además del legislador sin partido, Miguel Peña.

Corral Quintero, coordinadora de los diputados del PAN, argumentó que la iniciativa responde más a un carácter ideológico, ya que no presenta cifras de casos, denuncias o elementos, se deja en la vulnerabilidad a los profesionales a médicos, sicólogos, siquiatras, incluso a los profesionales de tipo deportivo.

Consideró que está iniciativa era innecesaria, ya que delitos como la privación ilegal de la libertad y tortura, ya están tipificadas en el Código Penal.

El diputado por Morena, Juan Manuel Molina García, argumentó que hay tipos penales genéricos y específicos, y es en estos últimos que se aplican para quienes con la mentalidad del pasado, creen que se puede cambiar las tendencias con las que se nacen.

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La diputada por el PES, Montserrat Rodríguez Lorenzo destacó que votó a favor de la iniciativa debido a que en su experiencia como médica, nunca ha encontrado evidencia sobre la efectividad de estas terapias.

Publicado originalmente en La Voz de la Frontera



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