"Masacres y violencia evidencia fracaso en estrategia de seguridad; fortalecer las policías locales debe ser prioridad", señaló el Senador, Clemente Castañeda.
“Modificar la estrategia pasa por fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública para combatir el problema de la inseguridad. Este Senado tiene la responsabilidad de garantizar que las y los policías cuenten con las mismas capacidades, conocimientos y habilidades, lo que facilitará la coordinación entre las entidades y las instituciones federales en sus tareas de seguridad pública", apuntó.
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Se refirió a lo ocurrido en San José de Gracia, Michoacán, ya que representa "fielmente el gravísimo problema de inseguridad que vivimos en el país y el abandono institucional de nuestras policías municipales y estatales".
Castañeda presentó una iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional, que tiene el objetivo de homologar el modelo de las instituciones de seguridad a nivel municipal, estatal y federal, que van desde la capacitación y profesionalización hasta la remuneración.
De la misma manera, dignificar la función policial al homologar las remuneraciones que podrán percibir los integrantes de las instituciones de seguridad en cada orden de gobierno.
“¿Por qué urgimos discutir esta iniciativa? Aquí van algunos datos: el ingreso promedio de los más de 225 mil elementos adscritos a las entidades federativas es de apenas dos salarios mínimos, o 10 mil pesos, a pesar de que la mayoría tiene una jornada laboral de 49 horas o más. Y eso no es todo, las diferencias son preocupantes; por ejemplo, el salario promedio de un policía en Baja California es de 14 mil pesos, pero el de uno de Oaxaca es del menos de 6 mil pesos”, expresó el senador.
Hoy, en 651 municipios ni siquiera tienen policía; en más de 200 tienen una tasa de menos de 1.3 policías por cada mil habitantes, y en mil 350 municipios, la tasa es del 0.69 policías por cada mil habitantes, muy lejos del estándar mínimo internacional de 1.8.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública emitirá los criterios para la homologación en la selección, ingreso, formación, capacitación y profesionalización, permanencia, evaluación, remuneración, reconocimiento, certificación y especialización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
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El 86.4 % de los elementos con funciones operativas, dijo haber obtenido por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección.
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