Monterrey. Cientos de migrantes, que pernoctan en diversos sectores del centro de la Ciudad en espera de ir a la frontera, son extorsionados, robados y detenidos por presuntos agentes de la policía, denunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).
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Por lo anterior, la titular de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano llamó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a respetar los derechos humanos de las personas migrantes, ya que en últimas fechas se incrementaron las quejas realizadas por personas en dicha condición.
Méndez Arellano, explicó que se llevaron a cabo brigadas de apoyo a personas migrantes que se encontraban concentradas en diversos puntos de Monterrey, en las cuales, además de brindarles asistencia e insumos, escucharon las situaciones que padecen a su llegada, argumentando ser víctimas de presuntas detenciones arbitrarias, robos y extorsiones por parte de “personas uniformadas” sin precisar o tener certidumbre de la corporación o autoridad correspondiente.
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De acuerdo a las casas de migrantes que dan auxilio a más de 900 personas, ellas llegan principalmente de Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Sin embargo, es en las afueras de la Central de Autobuses y en zonas aledañas donde cientos de ellos se ubican en campamentos o a la intemperie en espera de viajar a la frontera estadounidense. Son estos los que constantemente son abordados por presuntos policías que portan uniforme.
La titular de la CEDH insistió en la protección de los derechos humanos de esos grupos que están en mayor riesgo de vulnerabilidad, por lo que consideró oportuno emitir una solicitud a los 51 municipios de Nuevo León, así como un exhorto a las autoridades de seguridad, de Salud e Inclusión en el Estado, del Instituto Nacional de Migración y de las Fuerzas Armadas.
En lo que va del año, se incrementó a mil 725 el número de atenciones a personas migrantes, es decir el 25.9 por ciento más respecto a las registradas en el año 2022, que fueron mil 370, añadió Méndez Arellano.
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La CEDH otorgó a las instituciones gubernamentales un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que informe a la Comisión Estatal respecto a las atenciones brindadas al llamado que les hace.
