Monterrey - El 16 de noviembre un Juez Federal concedió un amparo contra la regulación del delito de aborto en Nuevo León. Se trata de un amparo promovido por una mujer que no cursa un embarazo ni se encuentra procesada penalmente, y es el primero en todo el País.
"El amparo otorgado a esta mujer muestra la necesidad de que todos los Códigos Penales del país se modifiquen para garantizar que las mujeres y otras personas gestantes puedan tomar decisiones autónomas sobre sus procesos reproductivos", exigió Vanesa Jiménez, de la Red Necesito Abortar, y Voces de Mujeres en Acción.
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Junto con integrantes de ambas organizaciones acudieron al Congreso Local para plantear un posicionamiento en que sostienen que a partir del amparo obtenido es necesario que los diputados de Nuevo León, y de las demás entidades federativas prioricen el debate sobre el aborto para garantizar estos derechos.
Jiménez explica que la mujer planteó que la regulación del aborto vigente en Nuevo León tiene efectos en el ejercicio de sus derechos porque promueve estereotipos de género sobre la función reproductiva de mujeres y otras personas gestantes que anulan su capacidad de decidir sobre su proyecto de vida.
En la demanda también se expuso que el contexto de violencia contra las mujeres, la estigmatización sobre el aborto y los tiempos de espera para resolver los recursos legales no garantizan una resolución rápida por lo que no es razonable que para estudiar su demanda le exigieran un proceso penal en su contra o que se encontrara embarazada.
El Juez Federal le dio la razón a la mujer demandante y declaró que la sanción a las mujeres que abortan voluntariamente viola sus derechos reproductivos porque no le permiten tomar decisiones autónomas sobre la continuidad del embarazo.
"La sentencia ordena que la regulación penal del aborto no se le aplique a la mujer demandante por lo que ella podría abortar libremente en caso de necesitarlo sin tener que justificar el motivo de su decisión y sin temor a ser criminalizada".
Actualmente solo la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Baja California han reformado su Código Penal para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación, y en septiembre el Pleno de la Suprema Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en Coahuila.
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Hicieron un llamado a que las legislaturas de los Estados que no han reformados sus Códigos Penales lo hagan a la brevedad para garantizar que todas las mujeres y personas gestantes en México puedan decidir libremente sobre sus procesos reproductivos.
De no hacerlo, los amparos continuarán y de ser necesario se solicitará la intervención de la Suprema Corte, advirtió Jiménez.
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