La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local, Dulce María Mastranzo Corona, propuso que sin pretexto alguno, la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias para el Estado de Tlaxcala que fue avalada desde el 30 de diciembre del año pasado, entre en vigor el 1 de diciembre de 2018.
Durante la sesión ordinaria de ayer la parlamentaria explicó que, pese a su aprobación, a la fecha no son válidos los ordenamientos ahí establecidos, como el respeto de los derechos de este sector y la creación de políticas públicas en su beneficio, así como la del Instituto Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias.
Además, refirió que dos de sus artículos transitorios presentan inconsistencias en su redacción, por lo que más allá de garantizar certeza jurídica, desde la fecha de su publicación y hasta su entrada en vigor, generan incertidumbre en cuanto a su aplicación.
Señaló que el Artículo 1 transitorio establece que entrará en vigor el 1 de enero 2018, pero siempre y cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del gobierno del estado declare que es financieramente viable la creación y funcionamiento del Instituto Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias.
Por lo tanto, consideró que ese apartado representa una condicionante que atenta contra de los principios de certeza jurídica, separación de poderes y progresividad, pues la determinación de dejar en manos de la SPF la entrada en vigor de ese ordenamiento genera, incertidumbre ya que el único facultado para ello, dijo, es el Congreso local.
En tanto, detalló que gracias al 2 transitorio fue abrogada la Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus familias del Estado de Tlaxcala, con lo cual los exdiputados dejaron sin marco jurídico a la Dirección de Atención a Migrantes.
