La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Secretario de Educación Pública y Presidente de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); la Secretaria de la Función Pública y al Gobernador de Tabasco, por casos de violencia física, sexual, psicológica, o por negligencia u omisión, ocurridos durante los años 2013 y 2014, en agravio de 20 estudiantes menores de edad en 10 escuelas de educación básica, públicas y privadas, ubicadas en Hidalgo, Tabasco y Ciudad de México
A través de 9 expedientes, la CNDH acreditó que, con esos hechos y actos, hubo violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a la educación, al sano desarrollo integral y al acceso a la justicia y a un recurso efectivo por la omisión del deber de cuidado e inobservancia del interés superior de la niñez en agravio de 9 niñas, 7 niños y 4 adolescentes.
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Sostiene que los hechos violentos ocurrieron en diversas fechas, en planteles de diferentes niveles educativos, ubicados en distintas demarcaciones: tres preescolares privados, cuatro escuelas primarias y una secundaria públicas de la Ciudad de México; un preescolar comunitario del CONAFE en el Estado de Hidalgo, y una secundaria pública en el Estado de Tabasco.
En algunos casos se acreditó violencia escolar ejercida por docentes y/o autoridades escolares en contra de niñas, niños y adolescentes (NNA), y en otros se observó violencia entre los mismos alumnos, y al no existir una supervisión adecuada por parte de los docentes, las agresiones se incrementaron.
La CNDH detecto que los actos de violencia fueron disfrazados como “juegos”, “bromas” o “cariños”, lo que cobra relevancia, pues las personas menores de edad, víctimas de las agresiones, podrían no reconocer esos actos como ataques, o bien ocultarlos por temor y vergüenza, así como debido a la frecuente falta de credibilidad, descalificaciones, ejercicio arbitrario de la autoridad, falta de cuidado o indiferencia por parte de docentes y directivos cuando se denuncia, lo que genera a su vez exclusión social y revictimización.
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Por ello, estima necesario poner acento en la formulación de políticas institucionales para abatir los casos de violencia escolar bajo esquemas de prevención, atención, rehabilitación y erradicación, ya que ninguna expresión de violencia contra NNA puede ni debe ser tolerada.
