Monterrey. En Nuevo León los empleados del Poder Judicial de Federación (PJF) también protestaron y se unieron al movimiento nacional que demanda al Gobierno no afectar sus fideicomisos institucionales.
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En diversas oficinas del PJF realizaron las protestas una hora antes de iniciar sus labores, e incluso, algunos efectuaron una manifestación pacífica.
Sin afectar sus labores, los empleados protestaron durante una hora antes de entrar a su trabajo, además colocaron mantas donde demandan que se garantice sus Derechos Humanos.
En la explanada del edificio de los Juzgados Federales en Constitución y Cuauhtémoc, en Monterrey, se manifestaron más de 100 empleados con pancartas, mientras en el municipio de San Pedro, otro grupo hizo una manifestación pacífica al exterior de las instalaciones del Poder Judicial ubicado en Lomas de San Francisco.
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En otras instalaciones ubicadas en Monterrey, en el sector llamado Céntrika, un medio centenar de empleados también protestaron y colocaron lonas donde exigían respeto a sus derechos.
Dámaso Pérez Marín, Secretario General de la Sección 11 del Sindicato dijo que el recorte afectaría a más de 45 mil empleados a nivel nacional y anunció que se presentará un escrito en el que piden autonomía pues la decisión de la extinción de los fideicomisos afectaría en gran medida al Poder Judicial.
"Crea consciencia sobre el impacto que en la vida nacional tendría la reducción del presupuesto y la extinción de fideicomisos que además impiden la infraestructura de operatividad necesaria para que los trabajadores puedan llevar a cabo su labor en condiciones aceptables y adecuadas, sobre todo en órganos jurisdiccionales de provincia en donde hay casas habilitadas como juzgados por lo que de no ampliarse las plantillas y de no sustituir el personal con licencia, impactaría gravemente la salud de los trabajadores desarrollando patologías importantes como trastornos del sueño, depresión, ansiedad".
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Otro de los dirigentes de la protesta, Mario Alberto Gómez Espinoza, dijo que fue un plantón de una hora, de 8 a 9 en diferentes sedes y dependencias del poder judicial en el Estado.
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