La recaudación a través de impuestos ambientales, es aún un escenario poco explorado en el sistema fiscal mexicano. Sin embargo, la ineludible marca de las empresas contaminantes, es cada vez mayor en todos los sentidos. Comunidades afectadas, familias desplazadas, daños a la salud, pero también consecuencias sociales que son poco abordadas por estos sistemas impositivos, que muchas veces no culminan con políticas y recursos orientados a resolver problemas públicos.
En 2017, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), publicó un estudio sobre Impuestos Ambientales, en el que se comparaban las cargas fiscales implementadas en diferentes países a través de una sanción a las empresas contaminantes. El documento destacaba que mientras que en países como Australia y Alemania recaudan en promedio 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB) por estas cuestiones, en México, la normativa era tan laxa que la recaudación apenas representaba el 0.1%.
Aunque en el caso de los impuestos ambientales, estos tienen un fin extra fiscal; el de desincentivar actividades contaminantes, la experiencia internacional, destaca haber destinado los recursos de estas cargas, a políticas concretas de atención de comunidades mineras que generalmente se desarrollan alrededor de estas industrias, siendo casos como los de Bolivia y Chile un referente.
En México, el movimiento de la renta minera en los últimos 20 años tuvo un crecimiento positivo que pasó de significar del 0.15% del PIB, a casi el 0.5% del mismo en el periodo de 1990 al 2010. Sin embargo, el porcentaje de recaudación con respecto del PIB de 2006 a 2012, refleja una reducción superior al 100%, reflejando así el poco compromiso de las industrias extractivas –muchas veces extranjeras- con el desarrollo de las comunidades que impactan.
Tres de los hombres más ricos de México, Slim, Larrea y Bailleres, están ligados a la minería, y de ella con más de 3 millones de hectáreas concesionadas, la triada ha logrado amasar casi 48 mil millones de pesos a los largo de los años, sólo por ganancias mineras.
Mientras tanto, en estados como Zacatecas, la llegada de una minera que en teoría debería suponer crecimiento y empleos para los locales, se traduce en el mediano y largo plazo, en graves problemas sociales: adicciones, crimen, control de agua y recursos, así como pobreza y subdesarrollo.
En el caso particular de las mineras de este estado, la reacción ante el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia para que el gobierno estatal cobre un impuesto ambiental, no se ha hecho esperar. Coporativos como Goldcorp, Capstonegold, y Peñoles se han lanzado a amenazar con un paro de actividades en todas sus minas o descontar el 35% del salario a sus empleados para supuestamente tener capacidad de cumplir con la carga impositiva.
