El parlamento japonés aprobó el jueves un presupuesto extraordinario de 25 mil 7 billones de yenes (unos 240 mil millones de dólares, o 222 mil millones de euros) para financiar medidas destinadas a limitar el impacto económico del coronavirus, incluida una asignación de emergencia para cada residente.
Este presupuesto tuvo que ser revisado a último minuto debido al giro del gobierno, que decidió ofrecer una ayuda de 100 mil yenes (unos 93 dólares, unos 860 euros) a cada residente en Japón.
En un principio, el gobierno tenía previsto pagar 300 mil yenes sólo a los hogares que pudieran demostrar que sus ingresos se habían reducido por debajo de un determinado umbral debido a la pandemia.
Sin embargo, estas condiciones restrictivas auguraban largos procedimientos para cobrar la prima, mientras que la fuerza de la crisis económica exigía medidas de urgencia.
El coste total de estas asignaciones individuales se cifró en 121 mil millones de dólares, es decir, la mitad del presupuesto extraordinario aprobado el jueves.
Este presupuesto también se utilizará para financiar otras medidas de apoyo a la economía japonesa, cuyo Producto Interior Bruto (PBI) se espera que caiga 5.2% este año, su mayor contracción desde 2009, según el Fondo Monetario Internacional.
Estas medidas forman parte de un plan de ayuda récord anunciado a principios de abril por el gobierno por un monto de más de un billón de dólares.
Además de ayudar a los hogares, el plan también tiene por objeto proteger los puestos de trabajo, evitar las quiebras de pequeñas y medianas empresas, apoyar la industria y a ciertos sectores de actividad especialmente afectados por la crisis, como el turismo, privado de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021.
Según el último balance oficial, Japón totaliza 14 mil casos de coronavirus y 415 muertes desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, los casos locales aumentaron considerablemente a partir de finales de marzo, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia a principios de abril.
Este mecanismo permite a los gobernadores regionales recomendar a los habitantes que permanezcan en sus hogares en la mayor medida posible. También a algunos comercios no esenciales que cierren temporalmente, aunque de forma voluntaria.
El estado de emergencia afectó inicialmente a siete regiones y se extendió a todo el archipiélago hasta el 6 de mayo. Según los medios de comunicación locales, su duración debería prorrogarse.
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