Organizaciones no Gubernamentales y la familia de Marco Antonio Sánchez acusaron ayer a la Procuraduría General de Justicia (PGJ CdMx) capitalina de violar un amparo, criminalizar al joven y filtrar información del expediente, esto luego de que el lunes en la noche Edmundo Garrido, titular de la dependencia diera a conocer los avances de la investigación.
La Procuraduría, por su parte, indicó que no hubo tal violación al mandato judicial, ya que apenas ayer al mediodía fueron notificados de la suspensión provisional. En entrevista telefónica con El Sol de México, Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la PGJ añadió que hasta el momento no se han acreditado dichas violaciones contra el menor.
En conferencia de prensa, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), el Overseas Development Institute (Instituto de Desarrollo de Ultramar, ODI) y el Instituto de Justicia Procesal Penal lamentó que el lunes Garrido Osorio divulgara imágenes de quien supuestamente es Marco Antonio, aunque su padre ha dicho que no lo reconoce en esos videos, indicaron las ONG en un comunicado.
"Presentó diversos fragmentos de videos en los que aseguró aparecía Marco Antonio en distintos puntos de la delegación Azcapotzalco deambulando en las calles y sin golpes; pretendiendo desacreditar las acusaciones en contra de los agentes policíacos que lo detuvieron ilegalmente y que están acusados de desaparición forzada", indicaron.
Mirón Reyes respondió que la Procuraduría mantiene en pie la investigación sobre el caso de Marco Antonio Sánchez Flores y no da por sentada ni por descartada una posible desaparición forzada, incluso dos de los policías involucrados se encuentran en calidad de imputados.
"En este momento los actos de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público justamente son para tratar de encuadrar el delito por el cual podrían ser puestos a disposición del juez el personal policial, en este momento no se ha hablado de descartar ni de hacer un pronunciamiento negativo en ese sentido", explicó.
Además, dijo que la dependencia rechaza categóricamente que desde sus oficinas haya filtraciones, pues la carpeta de investigación se trabaja de manera muy cuidadosa. "Evidentemente todos los señalamientos que puedan haber no son por parte de esta Procuraduría", dijo.
Al expediente, explicó, solo tienen acceso tres personas el agente del Ministerio Público, el responsable de agencia y el fiscal; mientras que también tienen acceso los abogados del menor, sus asesores jurídicos contratados por sus padres y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
