|Segunda y última parte|
Pendientes de un hilo de araña que puede empezar a romperse enunas cuantas semanas están cinco millones de connacionales sinpapeles en Estados Unidos, así como dos programas: AcciónDiferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatuto deProtección Temporal (TPS). Mientras, la lucha interna entredefensores y ofensores de las políticas de Donald Trump, amenazadesarrollarse sin cuartel en materia legal, en el primer casoincluidos varios alcaldes de grandes ciudades.
Y es que conforme a ImmigrationUnitesStates.org, un buen númerode las ciudades consideradas amigables con los inmigrantes sonllamadas “Ciudades Santuario”, cuyos gobiernos locales si bienno expresan abiertamente su bienvenida a los inmigrantes ilegales,“su trato hacia ellos es menos discriminatorio” que en otrasurbes.
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Al triunfo de Trump en las elecciones y tras su amenaza contravarios gobiernos citadinos estadunidenses, de no entregarlesdólares de los contribuyentes si no detenían a los migrantes, losalcaldes de varias ciudades, como Bill De Blasio, en Nueva York;Jorge Elorza, en Providence (Rhode Island); Rham Emanuel, enChicago; Ed Murray, en Seatle; Ed Lee, en San Francisco y EricGarcetti, en Los Ángeles, indirectamente tuvieron palabras deapoyo para los ciudadanos y rechazaron la idea de eliminar a suciudad como santuario.
Señala Immigration que las ciudades estadunidenses catalogadascomo santuario son: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Miami,Chicago, Seattle, Houston, Phoenix, Austin, Dallas, WashingtonD.C., Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland(ambas Maine y Oregon), Denver, New York City, Chicago y todo elEstado de New Jersey. Algunas, acota, desaprueban entrar en estacategoría, y han clamado por ser más estrictos con la leymigratoria y su implementación.
Entre tanto, entre los planes del presidente electo, está sudecálogo, que comprende: la construcción de un muro, cerotolerancia con los delincuentes extranjeros, el fin de la políticade detención y liberación, bloquear el financiamiento a lasciudades “santuario” cuyas políticas son de tolerancia hacialos migrantes; que las deportaciones vayan con costo a los otrospaíses no a Estados Unidos; la suspensión de las visas hacialugares donde no se pueda checar a los visitantes; finalizar conlos empleos que atraen migrantes; y completar el nuevo sistema devisado.
Pero también está “cancelar los decretosinconstitucionales” como la prórroga de la actualadministración sobre deportaciones y la expedición de permisos detrabajo temporales.
FIN A LOS PROGRAMAS DE BARACK OBAMA
Todo un panorama adverso. En cuanto a los programas en riesgo,Alejandra Castañeda y Dolores París Pombo, del Colegio de laFrontera Norte, en su trabajo “Contexto Migratorio Postelectoralen Estados Unidos y Respuestas Desde México”, consideran:
“Si nos atenemos a las declaraciones hechas por Trump durantesu campaña y después de su elección, es probable que susprimeras decisiones al llegar a la Casa Blanca sean la cancelaciónde programas que dependen del ejecutivo y que durante lapresidencia de Barack Obama permitieron aliviar las deportacionesmasivas para ciertos sectores de migrantes y acoger a refugiados ydesplazados por fenómenos naturales y por conflictosbélicos”.
A su juicio, el programa que afecta a un mayor número deinmigrantes es la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia(DACA), que entró en vigor en junio de 2012. Mediante el mismo secancela temporalmente la deportación de migrantes jóvenes quellegaron antes de la mayoría de edad, y otorga permiso paratrabajar durante dos años con la posibilidad de renovacióndependiendo de la voluntad del ejecutivo.
Ellas aseguran que desde que se puso en marcha, una cifra de 844mil 931 jóvenes, han obtenido protección, más consideran a estegrupo “altamente vulnerable”, porque el gobierno estadunidensecuenta con sus datos personales y por lo tantoson localizables.
(Recientemente, Donald Trump esbozó alguna esperanza acerca delos “dreamers”, ya que buscará “algo”, pero insistió enque cancelará el DACA).
Sobre el Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas eninglés), podría ser limitado en sus alcances, por el Gobierno deTrump, dicen las estudiosas. Éste forma parte del Acta deInmigración que fue parte de las discusiones en el Congreso deEstados Unidos en 1990. Este es un programa de ayuda para migrantesprocedentes de naciones que han sufrido grandes desastres.
“Sin embargo, -precisan- existe cierta discrecionalidad delDepartamento de Seguridad Nacional (DHS) para decidir a quénacionalidades otorgar esta protección y cuándo prorrogarla. ElTPS protege contra la deportación y permite una autorización paratrabajar o estudiar a ciudadanos de algún país que vive unconflicto armado, un desastre natural, una epidemia u otrascondiciones temporales extraordinarias”.
También advierten que el gobierno de Trump “probablementelimitará el programa dejando desprotegidos a cerca de 300 milinmigrantes de 13 países que han recibido ese beneficio”.
Ante tal situación, las especialistas señalaron variasrecomendaciones, entre las cuales están, por ejemplo, que laSecretaría de Relaciones Exteriores promueva mejorar lacomunicación entre sus consulados y los gobiernos locales paragarantizar la protección de los derechos humanos de los mexicanosen ese país (ya se está trabajando en ello).
Asimismo, sugieren que, debido a la saturación de los alberguesy comedores en varias ciudades fronterizas,los gobiernos, federal yestatales,deben aumentar sustancialmente el apoyo económico a lasorganizaciones de la sociedad civil (OSC) y albergues que reciben amigrantes (hay indicios de que ya iniciaron).
También, por la probabilidad de que se incremente la poblaciónmigrante y que se asiente a mediano o largo plazo en la regiónfronteriza, “las OSC y los gobiernos locales deberán diseñar eimplementar programas de reinserción laboral en esta región”,señalan.
Otra recomendación más es: “Debido al frecuente rechazo enla frontera de los solicitantes de asilo mexicanos, el Gobiernofederal y los gobiernos estatales, deberán diseñar y ejecutarleyes y políticas de protección y ayuda a las personasdesplazadas por la violencia en nuestro país”.
Al tomar en cuenta la migración de centroamericanos, lasinvestigadoras consideran que la Comisión Mexicana de Ayuda a losRefugiados (Comar) requiere aumentar su capacidad para procesarsolicitudes de refugio, y que el Instituto Nacional de Migración(INM) otorgue facilidades para que los solicitantes puedan residiry trabajar en México durante el trámite de la solicitud.
¿Y LOS DEMÁS PROGRAMAS?
La problemática es severa, por lo que vale la pena preguntarse¿Qué pasará con los otros programas estructurados?
Recientemente, Rafael López Vega, del Centro de EstudiosSociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en sutrabajo“Los mexicanos en el extranjero y sus derechosconstitucionales”, escribió:
“Para la población mexicana en Estados Unidos, la Secretaríade Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanosen el Exterior (IME), y con la colaboración de la Secretaría deSalud y de los servicios locales de salud del Estado de Californiay con participantes de instituciones privadas de México y EstadosUnidos, se coordina desde 2001 por la Iniciativa de Salud MéxicoCalifornia (ISMECAL) para llevar a cabo en octubre de cada año laSemana Binacional de Salud (SBS), la cual ha visto integrarse aconsulados de México, Canadá y otros país de AméricaLatina”.
Y es que, como expone el investigador:
“Para los hispanos, usualmente identificados como una de lasminorías demográficamente más importantes en la Unión Americana(representan 17 por ciento de la población total) su cobertura deservicios médicos alcanza a tres de cada cuatro hispanos (76.4),enunciando así una falencia de equidad en el acceso a losservicios de salud. La cobertura de salud de la población nacidaen México es sensiblemente menor, sólo la mitad (53.1) cuenta concobertura de servicios de salud”.
Otra pregunta sobre lo qué sucederá es materia educativa,porque de acuerdo a López Vega:
“Para la población mexicana en la Unión Americana, elgobierno de México, a través de la Secretaría de EducaciónPública y el gobierno de los Estados Unidos, colabora desde ladécada de 1980 en el Programa Binacional de Educación Migrante(Probem). No obstante, fue hasta el inicio de la década de 1990que ambos gobiernos signaron el memorándum de entendimiento enesta materia, y precisamente a mediados de esa década el programacomo tal contó con fundamentos filosóficos y jurídicos”.
Y como muchos regresarán, incluidos centroamericanos, valealudir a otro planteamiento del investigador en su trabajo:
“La construcción de espacios para el ejercicio de losderechos humanos básicos de las poblaciones móviles -desde ellasmismas o a partir de distintos interlocutores de la sociedad civil-ha exigido y exige que en el Estado haya lugar para las necesidadessociales de éstas. De acuerdo con la Encuesta de Derechos Humanosde la UNAM, una gran parte de la población del país (67.7 porciento) considera que el Estado debe proteger a losmigrantes”.
Además: “Estas situaciones obligan a evaluar la solvencia delas instituciones estatales para garantizar el ejercicio de losderechos y la racionalidad inscripta en el orden de prioridadestablecido en el contenido e instrumentación de diversaspolíticas públicas, y su concordancia con los intereses, demandasy capacidades de la sociedad civil y/o de distintos agentessociales para arrostrar el tema del cumplimiento de losderechos”.
