/ martes 7 de marzo de 2023

Conavim deja sin dinero a 13 centros de justicia para mujeres en 10 años

Dos de cada 10 sitios integrales para mujeres no tuvieron apoyo, comisión justifica que es necesario cumplir lineamientos; Observatorio acusa que falta personal especializado

8M: Día Internacional de la Mujer

En la última década, 13 de los 64 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) no recibieron subsidio alguno por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación.


De acuerdo con el documento de Avance de los Programas Presupuestarios con erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al tercer trimestre de 2022, al que tuvo acceso El Sol de México, la falta de subsidios se presentó en ejercicios en los que gobernaba el PRI y en la presente administración.

Los CJM fueron creados en 2011 en 31 entidades del país. Se trata de espacios de atención integral para mujeres en riesgo por violencia familiar, abuso sexual y hostigamiento, entre otras, y funcionan como casas de tránsito, es decir, de resguardo temporal para ellas y sus hijos. En un mismo lugar reciben servicio de un Ministerio Público especializado en delitos de género, así como atención médica y psicológica.

Gráfico: Rodolfo Gómez

El informe indica que la Conavim no entregó subsidio alguno a los centros de Toluca, Estado de México, y Querétaro, inaugurados en 2012, durante la transición para arrancar el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, a pesar de que en ese año fue declarada la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la alta incidencia de casos en esas entidades. Desde entonces, esos dos CJM no han recibido un solo peso de esa comisión.

Los CJM también dan atención especializada a las denuncias de mujeres en los estados o municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

En esa década tampoco recibieron recursos los Centros de Justicia para las Mujeres de Matamoros, Coahuila (2014); Ciudad del Carmen, Campeche (2015); Durango (2015), Ciudad Obregón, Sonora (2016), así como de Acuña, en Coahuila; Iztapalapa, en la Ciudad de México y Ecatepec, en el Estado de México, todos en 2017.

Además, el CJM de Puerto Vallarta, Jalisco, inaugurado en 2018, durante la misma administración priista. En lo que va de la Cuatroté, se creó el CJM de Tlalpan, en la capital del país, y hasta ahora no ha recibido subsidio por parte de la institución que coordina los esfuerzos para erradicar la violencia de género.

En esa misma condición se encuentran los centros inaugurados en febrero del año pasado en Colotlán, Jalisco, y Acatlán de Osorio, Puebla.

Consultada al respecto, la Conavim dijo que “los subsidios de CJM tienen lineamientos claros que se deben seguir (por los gobiernos estatales) para acceder al recurso”.

A decir de ese órgano desconcentrado, cada Centro de Justicia para las Mujeres debe presentar sus propuestas o proyectos para el desarrollo de algún área o fortalecimiento de las existentes, según los lineamientos publicados cada año y en los cuales se establecen, además de las bases, las áreas prioritarias de atención.

Una vez que la comisión recibe la documentación, un grupo técnico revisa los indicadores de la propuesta y evalúa de manera integral el objetivo a conseguir.

“De no cumplir con estos no se aprueba la propuesta y, en consecuencia, no le son asignados los recursos públicos”.

La comisión indicó que el presupuesto canalizado a los CJM también llega a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y es en coordinación con los estados y los municipios como operan las entidades.

El presupuesto asignado a estos centros es para la creación de nuevos espacios de atención, prevención, investigación y seguimiento de los casos de violencia hacia las mujeres en nuestro país, pero también para su fortalecimiento.

En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han creado 20 Centros de Justicia para las Mujeres, mientras que en el mismo periodo de la gestión del priista Enrique Pena Nieto se abrieron 27.

Mayra Luz Estrada, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), que agrupa a 42 organizaciones de 23 entidades, indicó que el gran pendiente es conocer si los centros funcionan y están ubicados en las zonas en donde las mujeres los requieren.

Relató que las organizaciones del Observatorio acreditaron que en el caso de Ecatepec, Estado de México, hubo mujeres que se acercaron a solicitar ayuda,“protección, pero no se las daban y, con todo lo que implica, es que debe haber gente especializada, solo que no la hay”. Indicó que si bien el centro o la entidad no pudieron presentar un proyecto, hasta ahora, ante la Conavim, los recursos deberían fluir a través de la Fiscalía local.

“El gran desafío es que la autoridad local no lo vea como un check list. Me dijeron que haga un protocolo y lo hago, pero si se trata de implementar ya no, ¿así de qué sirven?”.

Agregó que se han creado los centros, pero “no si hay mejoras en la atención, la información que se recaba, en la investigación, pero a los estados no les gusta que entres por ahí, solo quieren que les des palomita, porque hicieron su protocolo y ya con eso cumplieron”.

Apenas el 24 de febrero, se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres en la alcaldía Magdalena Contreras, el cuarto en la Ciudad de México, y al día siguiente se acusó en redes sociales que el lugar estaba cerrado.

El más reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cuenta Pública 2021, señala que en ese año la Conavim destinó 116.8 millones de pesos a 18 estados para 51 proyectos.

Solo que la Auditoría reveló que en la creación del CJM en San Luis Río Colorado, Sonora, existió un sobre costo de 610 mil 800 pesos de la inversión total, de 16 millones 459 mil pesos, por refuerzos estructurales en las columnas de acero.

En la revisión, acreditó que no se justificó ni se comprobó el cambio en la construcción, lo cual elevó el precio.

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En 2021, los centros atendieron 234 mil 429 mujeres y brindaron 277 mil 50 servicios legales, médicos y psicológicos, ello significó una caída de 8.7 por ciento respecto al año anterior. Mientras que la atención legal, psicológica y de alojamiento subieron 46.2 por ciento, 42.3 porciento y 16.6 por ciento, respectivamente.


8M: Día Internacional de la Mujer

En la última década, 13 de los 64 Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) no recibieron subsidio alguno por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación.


De acuerdo con el documento de Avance de los Programas Presupuestarios con erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al tercer trimestre de 2022, al que tuvo acceso El Sol de México, la falta de subsidios se presentó en ejercicios en los que gobernaba el PRI y en la presente administración.

Los CJM fueron creados en 2011 en 31 entidades del país. Se trata de espacios de atención integral para mujeres en riesgo por violencia familiar, abuso sexual y hostigamiento, entre otras, y funcionan como casas de tránsito, es decir, de resguardo temporal para ellas y sus hijos. En un mismo lugar reciben servicio de un Ministerio Público especializado en delitos de género, así como atención médica y psicológica.

Gráfico: Rodolfo Gómez

El informe indica que la Conavim no entregó subsidio alguno a los centros de Toluca, Estado de México, y Querétaro, inaugurados en 2012, durante la transición para arrancar el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, a pesar de que en ese año fue declarada la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la alta incidencia de casos en esas entidades. Desde entonces, esos dos CJM no han recibido un solo peso de esa comisión.

Los CJM también dan atención especializada a las denuncias de mujeres en los estados o municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

En esa década tampoco recibieron recursos los Centros de Justicia para las Mujeres de Matamoros, Coahuila (2014); Ciudad del Carmen, Campeche (2015); Durango (2015), Ciudad Obregón, Sonora (2016), así como de Acuña, en Coahuila; Iztapalapa, en la Ciudad de México y Ecatepec, en el Estado de México, todos en 2017.

Además, el CJM de Puerto Vallarta, Jalisco, inaugurado en 2018, durante la misma administración priista. En lo que va de la Cuatroté, se creó el CJM de Tlalpan, en la capital del país, y hasta ahora no ha recibido subsidio por parte de la institución que coordina los esfuerzos para erradicar la violencia de género.

En esa misma condición se encuentran los centros inaugurados en febrero del año pasado en Colotlán, Jalisco, y Acatlán de Osorio, Puebla.

Consultada al respecto, la Conavim dijo que “los subsidios de CJM tienen lineamientos claros que se deben seguir (por los gobiernos estatales) para acceder al recurso”.

A decir de ese órgano desconcentrado, cada Centro de Justicia para las Mujeres debe presentar sus propuestas o proyectos para el desarrollo de algún área o fortalecimiento de las existentes, según los lineamientos publicados cada año y en los cuales se establecen, además de las bases, las áreas prioritarias de atención.

Una vez que la comisión recibe la documentación, un grupo técnico revisa los indicadores de la propuesta y evalúa de manera integral el objetivo a conseguir.

“De no cumplir con estos no se aprueba la propuesta y, en consecuencia, no le son asignados los recursos públicos”.

La comisión indicó que el presupuesto canalizado a los CJM también llega a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y es en coordinación con los estados y los municipios como operan las entidades.

El presupuesto asignado a estos centros es para la creación de nuevos espacios de atención, prevención, investigación y seguimiento de los casos de violencia hacia las mujeres en nuestro país, pero también para su fortalecimiento.

En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han creado 20 Centros de Justicia para las Mujeres, mientras que en el mismo periodo de la gestión del priista Enrique Pena Nieto se abrieron 27.

Mayra Luz Estrada, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), que agrupa a 42 organizaciones de 23 entidades, indicó que el gran pendiente es conocer si los centros funcionan y están ubicados en las zonas en donde las mujeres los requieren.

Relató que las organizaciones del Observatorio acreditaron que en el caso de Ecatepec, Estado de México, hubo mujeres que se acercaron a solicitar ayuda,“protección, pero no se las daban y, con todo lo que implica, es que debe haber gente especializada, solo que no la hay”. Indicó que si bien el centro o la entidad no pudieron presentar un proyecto, hasta ahora, ante la Conavim, los recursos deberían fluir a través de la Fiscalía local.

“El gran desafío es que la autoridad local no lo vea como un check list. Me dijeron que haga un protocolo y lo hago, pero si se trata de implementar ya no, ¿así de qué sirven?”.

Agregó que se han creado los centros, pero “no si hay mejoras en la atención, la información que se recaba, en la investigación, pero a los estados no les gusta que entres por ahí, solo quieren que les des palomita, porque hicieron su protocolo y ya con eso cumplieron”.

Apenas el 24 de febrero, se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres en la alcaldía Magdalena Contreras, el cuarto en la Ciudad de México, y al día siguiente se acusó en redes sociales que el lugar estaba cerrado.

El más reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cuenta Pública 2021, señala que en ese año la Conavim destinó 116.8 millones de pesos a 18 estados para 51 proyectos.

Solo que la Auditoría reveló que en la creación del CJM en San Luis Río Colorado, Sonora, existió un sobre costo de 610 mil 800 pesos de la inversión total, de 16 millones 459 mil pesos, por refuerzos estructurales en las columnas de acero.

En la revisión, acreditó que no se justificó ni se comprobó el cambio en la construcción, lo cual elevó el precio.

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En 2021, los centros atendieron 234 mil 429 mujeres y brindaron 277 mil 50 servicios legales, médicos y psicológicos, ello significó una caída de 8.7 por ciento respecto al año anterior. Mientras que la atención legal, psicológica y de alojamiento subieron 46.2 por ciento, 42.3 porciento y 16.6 por ciento, respectivamente.


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