La colusión entre grupos criminales y políticos en México ha empujado a periodistas al silencio desde hace más de dos décadas, denunciaron comunicadores y activistas durante una audiencia del llamado Tribunal de los Pueblos.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Free Press Unlimited (FPU) lideran este foro, que promueve la "justicia popular" frente a los asesinatos de comunicadores en tanto busca que gobiernos "rindan cuentas de sus actos", según sus responsables.
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"Tenemos fiscalías trabajando al servicio de grupos criminales", denunció en la primera de dos jornadas de audiencias Sara Mendiola, abogada de la organización Propuesta Cívica que lleva los casos de los reconocidos periodistas Javier Valdez y Miroslava Brech, asesinados en 2017 en Sinaloa (noroeste) y Chihuahua (norte).
Y aun cuando instituciones federales atraigan los casos de asesinatos o agresiones, como ocurre con la fiscalía especializada para delitos contra la libertad de expresión o el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, no son garantía por la carga de trabajo.
"Están sobrepasadas por la violencia generada por la colusión entre la política y los grupos criminales, el gran problema de narcopolítica que vivimos", dijo Mendiola.
Griselda Triana, viuda de Valdez, denunció que aunque la investigación en México fue ágil, el presunto criminal señalado como autor intelectual del crimen del periodista se entregó a la justicia estadounidense por un delito menor con muy pocas posibilidades de ser etxraditado.
"Me indigna y me molesta que por un lado las autoridades de México y Estados Unidos presumen esta colaboración internacional (...) y por otro lado protegen a asesinos de periodistas", reclamó.
Martha López Medellín, periodista e integrante del colectivo Reporteras en Guardia, hizo un recuento de cómo, desde los años 1990, "los grupos criminales empezaron a tomar el control de las coberturas informativas" en Tamaulipas (noreste) acallando a los medios.
"El miedo y el silencio llegaron (...), los reporteros quedamos sin protección ni garantías de los dueños de los medios ni del Estado", sostuvo.
Aunque los grandes grupos criminales de Tamaulipas han sido diezmados, autoridades locales mantienen un "silencio institucionalizado", pues no informan sobre actividades delictivas bajo la premisa de que "si no se escribe ni se nombran los hechos violentos, éstos van a desaparecer".
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según la organización Artículo 19, desde 2000 han sido asesinados 153 comunicadores.
En lo que va de 2022, RSF registra ocho homicidios de periodistas, aunque no en todos los casos se ha demostrado que el crimen esté ligado a su trabajo. El gobierno contabiliza seis asesinatos.
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