Durante la pandemia de Covid-19 sólo 37 por ciento de los hogares más pobres y 37.5 por ciento de las comunidades indígenas tuvieron acceso a apoyos del gobierno federal, “menos de cuatro de diez hogares reciben ayuda federal. No hay una opción específica dirigida a este rubro, los hogares con trabajadores informales tienen mayor cobertura, pero sigue siendo menor a 30 por ciento”, además de que a más de un año y medio de pandemia hay un rechazo explícito a los programas de emergencia, reveló un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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“La política social federal está anclada en la entrega de transferencias monetarias”, la distribución no fue equitativa e impactaron de manera prioritaria a los estratos sociales bajos, a las mujeres, trabajadores informales, población migrante e indígena, por ello “el país necesita mayor esfuerzo de protección social en tiempos de pandemia”, afirmó Iliana Yaschine Arroyo, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM.
Informó que el presupuesto destinado para medidas de emergencia por la pandemia ha sido de los más bajos a nivel regional, o.42 por ciento del PIB, en comparación con Brasil que destinó cuatro por ciento, refirió.
La especialista en Desarrollo y Política Social refirió que “es preocupante que la cobertura de los programas sociales federales se haya mantenido baja y constante, y que alcance sólo parcialmente a los grupos prioritarios y a los nuevos afectados por la pandemia.
“Lo que deja entrever que la ausencia de nuevos apoyos gubernamentales y mayor presupuesto público destinado a este fin, pone en entredicho la política, la intención declarada del gobierno federal”.
Señaló que es indispensable ampliar la cobertura de los programas e instrumentar medidas de política pública para asegurar el ingreso y el bienestar de la población, tomar como referencia al conjunto de acciones que se han puesto en práctica a nivel internacional y regional para diseñar acciones de protección social, incentivar a las empresas para mantener los puestos de trabajo; mantener el monto de las transferencias monetarias o en especie y aumentarlas, la creación de nuevas y el apoyo a trabajadores informales.
Aseguró que si el gobierno optara por crear medidas de emergencia, se deben definir con claridad las poblaciones objetivo y los mecanismos adecuados para hacer entrega de los bienes y servicios de emergencia para que se lleve a cabo de manera eficiente y transparente, “quisimos demostrar con datos la ayuda tan escasa, pero aún hay áreas de oportunidad”.
Explicó que la emergencia sanitaria ha provocado desaceleración de la actividad económica, pérdida y reducción de empleos, disminución del ingreso y aumento de la pobreza, entre otros efectos negativos.
Indicó que varios países han puesto en práctica acciones sociales de emergencia para proteger el bienestar de la población, pero no es el caso del gobierno de México que ha mantenido la entrega de bienes y servicios de programas sociales y no ha creado nuevos.
Durante el seminario Protección Social en México en Tiempos de Pandemia, organizado por el PUED, la investigadora expuso que la política social se propuso garantizar los derechos económicos y sociales universales con prioridad en los grupos históricamente discriminados, con el fin de avanzar hacia un sistema de bienestar universal.
Comentó que incluso algunos programas se cancelaron o desarticularon desde 2018 a la fecha o se crearon otros, “pero la cobertura de éstos, no fueron suficientes para absorber los efectos de la pandemia”.
Rolando Cordera, coordinador del PUED, señaló que inició una nueva legislatura en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión, de ahí que “el primer gran objetivo será dirigir esta información, identificar a diputados y senadores sensibles para hacerles ver que el impacto negativo de esta crisis sanitaria está con nosotros y no se va a ir; hay que pasar el muro de la investigación para hacer evidente el daño humano que ha provocado y hacerles ver a los hacedores de política que urge hacer política”.
Tras el análisis a los programas sociales los clasificaron en función de aquellos que transfieren dinero como mecanismo de apoyo (Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Beca Benito Juárez, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida), programas con apoyos en especie (Liconsa), el de microcréditos (Programa de Microcréditos para el Bienestar), además de otros programas adicionales federales y estatales.
También se encontraron que los apoyos sólo alcanzan a tres de cada diez hogares, que esos apoyos se mantuvieron estables.
En el estudio colaboran Fernando Cortés Cáceres, Delfino Vargas Chanes e Iliana Yaschine Arroyo, junto con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana (EQUIDE) dirigido por Graciela Teruel Belismelis.
Enrique Provencio Durazo, investigador del PUED, refirió que previo a la pandemia no se configuró una acción de emergencia por parte del gobierno federal, pero tampoco se hizo durante ni ahora.
“Se dijo que no hacía falta más, porque lo que se estaba haciendo era suficiente, que bastaba redireccionar recursos de unos a otros, hubo una argumentación de que no se iba a incurrir a un salvamento como el de fines de 90 y creó una mentalidad de que cualquier programa de rescate era elitista y que iba ser acaparado por pudientes y las empresas”, enfatizó.
Mientras que en otros países a fines de marzo de 2020 planeaban qué hacer, en México sólo hubo una orden de austeridad y contención del gasto, cualquier programa hubiera sido de endeudamiento para la política federal, “hay evidencias de que hubo países que gastaron más pero no vieron incrementarse la pobreza”, aseguró.
Provencio Durazo comentó que hay negativa a planear una estrategia, a revisar las políticas de mediano plazo para la recuperación, lo que contrasta con el grupo de países que han reconfigurado sus planes a partir de la pandemia.
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