- Carlos Joaquín interpuso siete nuevos procesos por peculado,desempeño irregular de la función pública, y usurpación defunciones en el Gobierno de Borge
Por Rafael Martínez
Corresponsal CHETUMAL, Q. Roo. (OEM-Informex).- El Gobierno deCarlos Joaquín interpuso siete denuncias penales por los delitosde peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso deautoridad y usurpación de funciones por un monto de dos mil 388millones 296 mil 558 pesos, contra exfuncionarios del Gobierno deQuintana Roo.
Se trata de un proceso de auditorías en los que seguramentehabrá más denuncias mientras avancen las revisiones, señaló elsecretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo.
En conferencia de prensa junto al secretario de Gobierno,Francisco López Mena, informó que las 7 nuevas denunciasinterpuestas ante la Fiscalía General del Estado son por delitoscometidos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan),Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Comisión deAgua Potable y Alcantarillado (CAPA) y Secretaría de DesarrolloUrbano y Vivienda (Seduvi), lo que pone de manifiesto que losfenómenos de corrupción en la pasada administración sepresentaron de manera generalizada y organizada.
“Como el gobernador Carlos Joaquín afirmó durante sucampaña y de acuerdo al compromiso con la ciudadanía, esteGobierno sancionará la corrupción de gobiernos previos y va aprevenir que no se lleven a cabo nuevas irregularidades, las que derealizarse serán severamente sancionadas”, acotó el secretariode Gobierno.
Indicó que están dando pasos firmes para combatir impunidad ycorrupción con acciones concretas para que los servidorespúblicos hagan transparente su patrimonio, su red de relaciones ysus obligaciones fiscales, y también, de acciones paradesarticular el blindaje que el anterior gobierno había construidopara evadir toda responsabilidad frente a la ley.
“Para disminuir las desigualdades resulta fundamental lucharcontra la corrupción, la que provoca que los recursos públicosdestinados a atender las necesidades de la gente para que tengamás y mejores oportunidades terminen en los bolsillos de unacuantas personas, de unas cuantas familias o de algún grupo quelos emplea para perpetuarse en el poder y repartirse el botín:Esto no lo vamos a permitir más”, recalcó.
A su vez, Rafael del Pozo confirmó que están involucrados losex titulares de las dependencias y servidores públicos de menorrango. Explicó que en el caso de Seduvi ya se había denunciado laenajenación de predios por debajo de su valor y la aplicación desubsidios que no tienen sustento legal, lo que generó un dañopatrimonial importante.
En esa denuncian se señalaron al menos 11 personas, comoempleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al anteriorgobierno, por irregularidades en la enajenación a particulares depredios del dominio del Estado. En total, dichas enajenacionessuman alrededor de nueve mil 500 hectáreas, es decir, 95 millonesde metros cuadrados, lo que equivale a más de seis veces toda lazona hotelera de Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres.Y lo peor es que en algunos casos “no llegaron al uno por cientode su valor real”, comentó Del Pozo.
Por su parte, en Sintra la denuncia es por la contrataciónirregular de renta de maquinaria por más de 700 millones de pesos,de la que no hay evidencia en cuanto a la prestación del servicio,y están en proceso de investigación otros dos periodos cuya sumaasciende a más de mil 519 millones de pesos.
“El total de las investigaciones que estamos llevando a cabopor la renta de maquinaria es por más de mil 519 millones depesos, pero dimos prioridad a las que pudieran ser objeto deprescripción, por eso la denuncia por los 700 millones depesos”, explicó.
El secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozopuntualizó que “esta administración no va a fabricar culpablesni hace persecución de absolutamente nadie; somos los másinteresados”, dijo, “en garantizar los derechos humanos detodos los ciudadanos”.
