/ lunes 13 de febrero de 2023

Solicitan juicio político contra magistrada que podría estar beneficiando a Samuel García

Samuel García podría estar presionando a TJA para definir a su favor en los procesos que tiene en su contra

Los partidos PAN, PRI Y PRD presentaron una solicitud de juicio político contra la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, Norma Leticia Platas Gómez, por admitir un juicio contencioso administrativo que debió desechar por improcedente y violentar disposiciones legales al otorgar beneficios al gobernador Samuel García ante el juicio político que le sigue el Congreso local.

Hernán Salinas, presidente del PAN, José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI en Nuevo León, y Sylvia López Elizondo, del PRD, entregaron la demanda de juicio político en la Oficialía de Partes con el argumento de presiones a la magistrada para dar entrada a una demanda del gobernador contra la admisión del juicio político en su contra y el que se le citará a comparecer.

Te podría interesar: Recibe Samuel García suspensión provisional por el juicio político en su contra

"Lo que les corresponde (al Tribunal de Justicia Administrativa del estado) es conocer únicamente de faltas administrativas que se den de particulares contra el gobierno estatal o municipal y a admitir la demanda contra el Poder Legislativo, actúa fuera de la Ley", informó el diputado federal José Luis Garza Ochoa.

"Un acto del Poder Legislativo no puede ser impugnado en el Tribunal de Justicia Administrativa, y el sólo hecho de admitir y no desechar genera un acto ilegal, inconstitucional, que demuestra que esta magistrada abandonó sus funciones e hizo caso omiso de su competencia para evidentemente favorecer al gobernador", dijo a su vez Hernán Salinas.

El líder panista señaló que les preocupa que una vez más el mandatario del estado esté utilizando o esté presionando a funcionarios para definir a su favor en temas que, evidentemente, no le favorecen.

Coincidieron que el Tribunal de Justicia Administrativa sólo puede conocer de actos de autoridades administrativas, pero no del Poder Legislativo o Judicial conforme al artículo 149 de la Constitución local y 17 de la Ley de Justicia Administrativa.

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La Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García, por violaciones a la Constitución de Nuevo León al no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos del 2023 e incumplir con la publicación de diversos decretos.

Los partidos PAN, PRI Y PRD presentaron una solicitud de juicio político contra la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, Norma Leticia Platas Gómez, por admitir un juicio contencioso administrativo que debió desechar por improcedente y violentar disposiciones legales al otorgar beneficios al gobernador Samuel García ante el juicio político que le sigue el Congreso local.

Hernán Salinas, presidente del PAN, José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI en Nuevo León, y Sylvia López Elizondo, del PRD, entregaron la demanda de juicio político en la Oficialía de Partes con el argumento de presiones a la magistrada para dar entrada a una demanda del gobernador contra la admisión del juicio político en su contra y el que se le citará a comparecer.

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"Lo que les corresponde (al Tribunal de Justicia Administrativa del estado) es conocer únicamente de faltas administrativas que se den de particulares contra el gobierno estatal o municipal y a admitir la demanda contra el Poder Legislativo, actúa fuera de la Ley", informó el diputado federal José Luis Garza Ochoa.

"Un acto del Poder Legislativo no puede ser impugnado en el Tribunal de Justicia Administrativa, y el sólo hecho de admitir y no desechar genera un acto ilegal, inconstitucional, que demuestra que esta magistrada abandonó sus funciones e hizo caso omiso de su competencia para evidentemente favorecer al gobernador", dijo a su vez Hernán Salinas.

El líder panista señaló que les preocupa que una vez más el mandatario del estado esté utilizando o esté presionando a funcionarios para definir a su favor en temas que, evidentemente, no le favorecen.

Coincidieron que el Tribunal de Justicia Administrativa sólo puede conocer de actos de autoridades administrativas, pero no del Poder Legislativo o Judicial conforme al artículo 149 de la Constitución local y 17 de la Ley de Justicia Administrativa.

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