Seguramente ha oído hablar de las investigaciones que derivaron en los escándalos del #FiscalFerrarri, del #GobiernoEspía, los corruptos vínculos entre Odebrecht y el priista Emilio Lozoya, o aquellos contratos que otorgó Ricardo Monreal a empresas de amigos de hija, así como muchos casos más. Todas éstas son autoría de la sociedad civil, específicamente de la iniciativa “Mexicanos contra la corrupción e impunidad”, casos documentados que han sido ignorados por las instituciones y dependencias públicas que deberían perseguir y combatirlos.
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial y la OEA la corrupción en México hace que de cada 10 pesos generados en riqueza (PIB), uno se destine a la corrupción. INEGI a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, señala que negocios y empresas en México tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por corrupción en su contacto con autoridades públicas de todos los niveles.
Según el Índice de Competitividad Global (ICG), México presenta históricas fallas institucionales pues sus constantes problemas de desempeño están vinculados de una u otra forma con la corrupción y las redes que la posibilitan. México es entre 138 países el lugar 125 en desvío de recursos públicos y 124 en favoritismo en decisiones de funcionarios de gobierno.
Tan sólo en los últimos años, se destinaron más de dos mil millones de pesos anuales del erario público en una supuesta estrategia de combate a la corrupción, mientras que el nacimiento en 2016 del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que suponía un cambio de paradigma, se evidenció como una simulación más, que hasta hace unos días el PRI obligado por el impasse en la Cámara de Diputados, tuvo que abandonar –de palabra- para olvidar el pase automático a la Fiscalía General de un personaje que a todas luces protegería los intereses de Peña Nieto.
Es una realidad que las instituciones creadas para combatir la corrupción y la impunidad, nos han salido muy caras, y en contraste hoy los esfuerzos de la sociedad civil están construyendo nuevas agendas en las que estos escándalos están dando lugar a algunos cambios. Mientras tanto, la falta de éxito en las instituciones anticorrupción en las últimas décadas revela que a pesar del incremento del problema, apenas 30 mil funcionarios federales han sido sancionados, y peor aún sólo 8 personas han sido destituidas.
El avance democrático de México, parece estar cada día más ligado a los esfuerzos de la sociedad civil, no solo en la corrupción, sino en otros graves temas como lo son la seguridad o la salud. Periodistas, organizaciones comunitarias, y activistas, continúan todos los días y a pesar del asedio sistemático que ha implementado el gobierno priista, realizando una labor que intenta transformar al país que conocemos.
Cuestiones graves como la trata de personas, la explotación infantil, los abusos a derechos humanos, la discriminación, el daño ambiental entre muchas más, están siendo atendidas, no por las políticas públicas, o por gobernantes, sino por la presión que la sociedad civil ejerce para que estos últimos hagan su trabajo.
El futuro del Fiscal General aún es incierto, lo que es urgente, es que removiendo el transitorio que posibilitaba el pase automático, se comience a pensar claramente en el perfil que se ocupa para darle legitimidad y autonomía a una Fiscalía General, que está necesitada de inicio de credibilidad.
Diputada por Movimiento Ciudadano
@ClauCorichi
