Como ya se ha informado el cobro de derecho de piso en México se refiere a un impuesto ilegal que realizan grupos de delincuentes organizados Este fenómeno se ha convertido en uno de los delitos de extorsión más comunes en el país, afectando a miles de personas, comercios y empresas. Los grupos delincuenciales han llevado esta práctica a niveles asfixiantes e intolerables, y ya no solo afecta a los propios criminales rivales, sino también a sectores productivos formales, comercio informal, comunidades e incluso entidades federativas enteras. La propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Ícela Rodríguez, reconoció que durante 2023 no hubo resultados óptimos en relación al indiscriminado cobro de piso y la extorsión en el país.
Dentro de las modalidades de extorsión, el cobro de derecho de piso, es un secreto a voces, cada vez más frecuente, y más de 20 estados de la República mexicana son afectados. Se refiere cuando un grupo organizado exige dinero a una persona de forma recurrente, solo por vender algo, tener un negocio o una propiedad. El tema es verdaderamente alarmante ya que, esta fuera del alcance de las autoridades, obligando a millones de habitantes de muchos estados del país y, de la propia Ciudad de México, a convivir cercanamente con el fenómeno que lo controla todo, desde el precio de los productos de la canasta básica y los servicios, hasta la determinación del crimen organizado de designar a proveedores “autorizados”.
Así se desprende de casos documentados como en el estado de Michoacán, donde frecuentemente la actividad criminal determina, a través de la extorsión, el precio del limón y el aguacate; en Sonora y parte de Baja California, el control de la pesca y la distribución de productos del mar; en Guerrero, el precio del kilogramo de tortilla; en el mismo Guerrero y Estado de México , el abasto y valor del kilo de pollo; en Jalisco, el negocio del ganado bovino de exportación; así como en esos estados junto a Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, los precios y suministro de diversos alimentos. Y, en todo el país, el traslado de productos por vía terrestre.
El problema pues de la delincuencia en el país se ha incrementado al doble de cómo estaba hace 6 años y es tal la situación que el cobro de piso por parte de los grupos criminales se ha extendido en alrededor del 90 % del territorio nacional. Los datos del Consejo de Seguridad Privada (CNSP) sostienen que la demanda de seguridad regulada por las autoridades es cada vez más exigida justo por esta situación, sobre todo por parte de las empresas. Sume Usted querido lector, lo que los mexicanos ya le pagamos de impuestos al SAT, a inspectores, sindicatos o a la policía corrupta, los coyotes o a los que piden una cuota por poner sus puestos en el tianguis, etc. Pero ahora, ya nadie se salva: micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionistas, e incluso, hasta las iglesias son víctimas de extorción o cobro de piso por parte de la delincuencia organizada. Los datos duros son que en comunidades agropecuarias el cobro se incrementó en promedio 60 por ciento, mientras que el robo a transportes aumento un 73.5 respecto a 2023.
