Terminó un proceso electoral que, para efectos prácticos, inició hace tres años, tras las elecciones federales intermedias, cuando desde el Ejecutivo Federal se comenzó a promover a candidaturas presidenciales. Ya desde 2022 se veía su propaganda hasta en poblados remotos. Puede decirse que hubo inequidad, por esa y otras razones.
Principalmente, la vinculación partidista a la entrega de apoyos en efectivo a la población. Difícil no ver un sesgo de clientelismo electoral a escala masiva. También, una retórica permanente de estigmatización de la oposición y populismo con promesas y afirmaciones, como la del mejor sistema de salud del mundo, que resulta difícil entender que tantas personas minimicen y más aún que haya quien las tome en serio.
Con todo, la diferencia de votos en favor de la candidata presidencial ganadora es de tal magnitud, más de 30 puntos porcentuales sobre la de la oposición, que hay que reconocer, como demócratas, un triunfo contundente. Claudia Sheinbaum será la primera mujer en la Presidencia de México con un respaldo electoral inmenso, y desde luego, todos debemos darle un voto de confianza para que su gobierno tenga éxito en lo que importa para el país, gobernando para todos.
Lo mismo aplica para su coalición partidista, que todo indica tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente en la de Senadores. La mayor representación en el Congreso de una opción política en décadas.
Sin embargo, es preciso tener claro los riesgos de tal delegación de poder. De tanto poder. De entrada, porque, contando también con mayorías en las legislaturas estatales, podrán hacer por sí solos modificaciones constitucionales, y con ello cambios en todo tipo de áreas, y de entrada, en la estructura del Estado mexicano. Plenas facultades, pero con consecuencias potenciales serias.
Casi 40% de los electores no se molestó en acudir a las urnas. Habrá que analizar las causas, pero por lo pronto, una contundente mayoría que emitió su voto entrega un poder igualmente contundente, sin cortapisas, poniendo en alto riesgo a la joven democracia mexicana, ya con preocupantes iniciativas anunciadas.
Implican politizar la elección de ministros del Poder Judicial, que se aúnan al menoscabo del derecho de amparo y facultades excepcionales del Ejecutivo Federal para indultar. Eliminar la figura de los legisladores plurinominales y, con ello, ir a una representación política aún menos plural. Normalizar el empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Desaparecer organismos autónomos, como el INAI, garante de la transparencia gubernamental para evitar la discrecionalidad de políticos y gobernantes sobre la divulgación de información pública y la protección de datos privados. La independencia del INE está en peligro.
A lo largo de cinco años del actual Gobierno no ha habido diálogo democrático con la oposición y los representantes políticos de millones de mexicanos. Con aún menos pluralismo en la representación, esa actitud de imposición podría recrudecerse. El que eso no ocurra dependerá en gran medida de la vocación democrática y altura de miras de la nueva Presidenta y los legisladores del partido dominante.
Se termina una larga fase de gobiernos divididos (Ejecutivo sin mayoría legislativa calificada) que perduró desde los años 90. La misma transición democrática está en vilo. Sus bases en la división de poderes e instituciones sólidas para diversificar la toma de decisiones y acotar la discrecionalidad de gobernantes, quedan en un estado de alta precariedad.
Podría asentarse un nuevo régimen, de premisas distintas a las de una democracia con pesos y contrapesos, con lo que también puede venir un mayor deterioro del Estado de derecho, al quedar sujeto a un poder más concentrado, menos limitado y con menor capacidad de control institucional y ciudadano.
Aunque llegaremos a la transición sexenal en octubre con el menor crecimiento del PIB y el PIB per cápita en cinco sexenios, así como el mayor déficit en décadas, nuestra economía parece resiliente, al menos a corto plazo, y se presentan grandes oportunidades por la reconfiguración de las cadenas productivas internacionales. Sin embargo, habrá que tomar decisiones para que eso sea realidad y sortear problemas que pueden salirse de cauce muy pronto.
Resalta el reto de encontrar soluciones sostenibles para que el Estado cuente con mayores ingresos y así pueda fondear el modelo de pensiones no contributivas que está en la base del triunfo del partido oficialista, pero que resulta insostenible, máxime considerando las pérdidas de Pemex, CFE y tantos proyectos gubernamentales vigentes.
Sin crecimiento y multiplicación de las empresas privadas, y, con ello, del empleo, no habrá esos ingresos, ni posibilidad de que millones de mexicanos realmente salgan de la pobreza, más allá de depender de ayudas gubernamentales con fundamentos fiscales precarios.
Ni el actual Gobierno ni los anteriores avanzaron decididamente en el desafío de formalizar la economía y el empleo. Para el de Claudia Sheinbaum, es prioridad impostergable. Sin ello, no podrán sostenerse las políticas de mejora salarial y pensiones no contributivas.
Enfrentaremos muy pronto la renegociación del TMEC, y antes, la incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos. La inseguridad y la violencia siguen como la gran tragedia nacional, igual que el desastre en salud que el actual Gobierno hereda. También retos de agua, cambio climático y devastación ambiental, transición energética y a una economía sostenible.
Ojalá haya altura de miras para, primero que nada, dar cauce a una reconciliación nacional. A una conducción del país no divisiva. Propiciar la unión en lo esencial, incluyendo la preservación de los principios básicos de la democracia, un logro histórico de los mexicanos que no podemos simplemente dejar caer.
