La reciente publicación del Coneval, ha generado posiciones encontradas. Por un lado, quienes celebran que en los últimos años (entre 2018 y 2022), la población en situación de pobreza en México, disminuyó en un monto record de 5.1 millones. La cifra de personas que viven en pobreza miltidimensional, pasó de 51.9 millones de mexicanos a 46.8 millones. Diversos analistas identificaron el incremento de los programas sociales como una de las principales causas para dichos resultados.
No obstante, pese a los resultados positivos, la mala noticia es que según el mismo reporte, la mitad de la población no tiene acceso a servicios de cobertura en salud. Desafortunadamente, el rezago educativo, también se incrementó de 19.0 a 19.4 por ciento a un total de 25.1 millones de personas. Aún cuando el presidente culpó al cuestionario de la caída en los indicadores de salud, la sombre de la desaparición del Seguro Popular y la terribles fallas del INSABI, reconocidas por el propio gobierno federal al proponer su desaparición, empiezan a mostrar el resultado estructural que en esta materia habrá de heredar el actual gobierno.
Organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, México Evalúa y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, han señalado diversos problemas que enfrenta el sistema de salud en México. Estas organizaciones han señalado que el sistema está gragmentado. Dado que el acceso a sus servicios está vinculado al régimen laboral, esta situación constituye una fuente de exclusión y discriminación. Al mismo tiempo, el presupuesto para el sector es insuficiente y se ha mantenido estancado, además de ser inequitativo entre la población con y sin afiliación a la seguridad social. En la actualidad, “solo el 45% de la población, 56 millones de personas, cuanta con afiliación a servicios de salud de la seguridad social -IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena- el 27% de la población (33.8 millones de personas) está afiliada a sistemas públicos diferentes a la seguridad social, como el Seguro Popular, hoy Insabi e IMSS Bienestar. El 2% cuenta con seguro privado o afiliación a otra institución. Y el 26% restante carece totalmente de afiliación a servicios de salud.
Entre las propuestas para atender esta problemática, las citadas organizaciones han planteado: 1) Darle sostenibilidad al presupuesto de salud. Financiarlo con impuestos generales, que reduzcan sustancialmente la carga económica en los bolsillos de las familias; 2) Etiquetar ingresos provenientes de impuestos especiales para asegurar financiamiento a la atención de la salud pública, que suele verse impactada por las externalidades que generan ciertos consumos -tabaco, productos con alto contenido calórico, alcohol, etc.; 3) Incrementar el presupuesto para la salud, teniendo como primera meta, igualar los montos presupuestales per cápita entre el Insabi y el IMSS, es decir, entre la población con y sin seguridad social, entre otras acciones.
El tema fiscal será fundamental para los años venideros. Se corre el riesgo de que la presión que lleguen a generar diversos temas, pudiera poner en riesgo la capacidad del Estado mexicano para financiar, tanto el gasto que hoy representan los programas sociales, la necesaria inversión que hoy reclaman los sistemas de salud o educativo, la infraestructura que será necesaria para garantizar competitividad logísitca y aprovechar el “nearshoring”, así como el gasto requerido para financiar un plan de seguridad que sea eficiente y confiable, entre otros. Tan solo recordar que el gasto en pensiones, tanto de las contributivas como no contributivas, ha aumentado más de lo que lo han hecho los ingresos públicos en lo que va del actual sexenio, según lo publicó la organización México Evalúa.
Por lo pronto, la recaudación de los ingresos tributarios se ubicó en 2 billones 641,428 millones de pesos al cierre de julio, lo que representó un aumento anual de 6% en términos reales, informó de manera preliminar el SAT. En los primeros seis meses de este año, por cada peso que el SAT invirtió en actos de fiscalización ganó 212.9 pesos, el mayor monto obtenido para un mismo periodo en los últimos 24 años. Se trata de un 57 por ciento más respecto del mismo lapso de 2022 indica el último informe trimestral de Finanzas Públicas de Hacienda.
Aunque los resultados en materia de recaudación son positivos, el reto en materia fiscal para el siguiente sexenio será titánico. Habrá que diseñar una reforma fiscal verdaderamente profunda.
