La democracia difícilmente es un proceso lineal o terso. Pueden existir avances y retrocesos, altas y bajas, hasta que alguna lógica se impone sobre la otra. Tal ha sido el caso de múltiples países, incluido Chile, con respecto a la profundización democrática.
Desde que Augusto Pinochet dejó el poder tras perder el plebiscito de 1988, la sucesión de alternancias políticas a partir de la elección de 1989 entre la corriente de centroderecha y la de centroizquierda ha sido la constante. Ciertamente, esto ha representado un gran paso en la democratización del sistema político chileno desde entonces, específicamente en materia electoral; sin embargo, a raíz de las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, principalmente en contra de la privatización de la educación, gran parte de la ciudadanía dejó ver el malestar social acumulado durante años.
Sin duda, la aplicación de la actual Constitución de 1980, de carácter neoliberal e impulsada por el régimen castrense, ha generado desigualdad social y económica en el país, sin mencionar los grandes poderes que ese documento contempla para los militares.
Para el 18 de octubre de 2019, a raíz del incremento al precio del boleto del Metro en la capital Santiago, se desató nuevamente un periodo de manifestaciones ciudadanas que mostró con mayor fuerza y determinación la gran inconformidad de buena parte de la población en contra del modelo económico neoliberal, así como en contra de una clase dirigente y partidos políticos tradicionales incapaces de modificar el orden de las cosas.
El resultado de aquellas expresiones sociales fue la elección de un nuevo Constituyente, cuya misión es erigir una nueva Carta Magna para garantizar derechos sociales y reconocer la pluriculturalidad del país, entre otros aspectos.
En ese contexto se celebraron tanto la elección congresional como la presidencial en aquel país. De los siete candidatos a la primera magistratura chilena, sólo José Antonio Kast (de extrema derecha) y Gabriel Boric (de izquierda), con el 27.9 y el 25.8 por ciento del total de los votos, respectivamente, se enfrentarán en una segunda vuelta el 19 de diciembre de 2021; no obstante, hubo un alto nivel de abstención, que alcanzó más del 50 ciento del censo.
La postura de José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, busca, de acuerdo con su discurso, restaurar el orden del país tras las manifestaciones de 2019, promover el crecimiento económico y combatir la inmigración, la delincuencia y el narcotráfico. Es, asimismo, defensor de la dictadura pinochetista y firmante de la Carta de Madrid contra el avance del comunismo en la Iberosfera. Este abogado de 55 años busca ser la encarnación del Chile conservador, neoliberal y de gran poder para los militares, sin olvidar que, con su triunfo, la nueva Carta Magna puede ser rechazada por los sectores más conservadores del país.
La popularidad de Kast tampoco puede entenderse sin considerar el desempeño del Gobierno actual en materia económica, social y de seguridad, con un presidente que cuenta con alrededor del 16 por ciento de aprobación ciudadana.
Por otro lado se encuentra el candidato de la izquierda Gabriel Boric, de 35 años, de la coalición Apruebo Dignidad, la cual incluye al Partido Comunista. Boric participó como líder estudiantil, junto con Camila Vallejo y otros, en las manifestaciones de 2011, además de que suscribió en 2019 el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que brindó una salida institucional a la crisis social de ese año, bajo la condición de realizar un plebiscito constitucional para una nueva Carta Magna.
La segunda vuelta electoral en Chile confrontará no sólo dos proyectos políticos, sino que impulsará o no la profundización democrática y el avance de derechos sociales en aquel país. La alternancia política con gobiernos civiles ha sido un gran paso después de la dictadura, pero es insuficiente. El pueblo chileno deberá decidir entre la progresión democrática o la preservación de un sistema económico oligárquico y un sistema político con una grave crisis de representación.
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