El pasado 19 de febrero tuvo lugar en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, un enfrentamiento entre presuntos integrantes de los grupos criminales la Familia Michoacana y los Tlacos. El saldo fue de 17 personas fallecidas, de las cuales 16 pertenecían a la primera organización, mientras que la víctima restante, a la segunda.
Posteriormente, se dio a conocer en los medios informativos que el sacerdote católico José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, había sido el artífice de un acuerdo para lograr que ambos grupos delictivos dieran por terminada su confrontación, la cual, además, dejó vehículos quemados y un paro de transportistas en la zona centro del estado durante varios días.
Respecto a la mediación o búsqueda de treguas por parte de la Iglesia católica con grupos criminales, he señalado que no es lo deseable, ya que corresponde al Estado enfrentar a la delincuencia.
La seguridad, en su sentido más amplio, es un deber y un fin del Estado, y requieren ser garantizados por este. En el caso de México, la seguridad tiene que ser promovida y resguardada por las instituciones y las autoridades públicas, así como por la Federación, los estados federados y los municipios.
También expresé en otras oportunidades mi confianza en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional (GN) y en los instrumentos que tiene el Estado mexicano para combatir la inseguridad. Y este ha venido haciendo lo que le corresponde, pero el daño causado en el pasado, durante un proceso tan largo de destrucción del tejido social, es más profundo que lo imaginado.
Sin embargo, hoy se está haciendo el trabajo que en muchos años no se llevó a cabo, como son labores de inteligencia; labores de eficacia en el combate al crimen organizado; que ya no hay cárteles preferidos, sino que se combaten por igual, y existe coordinación entre los cuerpos policiacos con la mayoría de los estados federados.
Como lo refirió el presidente López Obrador, nunca el Gobierno federal había desplegado miles de elementos de las corporaciones y Fuerzas Armadas para seguir retomando y garantizando la paz en Guerrero. Actualmente hay 2405 elementos de la Marina; 7544, del Ejército, y 15,707, de la GN.
Por ejemplo, el homicidio doloso se redujo a nivel nacional en un 20 por ciento durante los últimos cinco años de gobierno, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Asimismo, y también según datos del INEGI, la percepción de la ciudadanía respecto a la inseguridad en sus ciudades alcanzó un nivel mínimo desde que se cuenta con este registro. Así, en diciembre de 2023, la caída de percepción de inseguridad fue de 14.5 puntos, en comparación con diciembre de 2018, es decir, pasó de 73.7 a 59.1 personas de cada 100 que se sienten inseguras en sus ciudades.
Desde diciembre de 2018 y hasta noviembre de 2023, los feminicidios en nuestro país disminuyeron un 35.6 por ciento, de acuerdo con datos del Gobierno de México, debido a que se abren carpetas de investigación, se investiga, se llega a los responsables y se ejecutan las órdenes de aprehensión.
Además, datos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, igualmente del INEGI, revelan que la percepción de seguridad en las mujeres es la más elevada desde 2013, ya que el 56 por ciento de ellas se sienten seguras en su comunidad o colonia.
La seguridad es un deber y un fin del Estado. En México se está haciendo lo conducente para seguir recuperando la tranquilidad y la paz de sus habitantes. Después de años de degradación y de abandono social por parte de autoridades e instituciones estatales, la actual estrategia de seguridad rinde y seguirá rindiendo frutos tangibles para el país y nuestra gente.
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