Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada del INAI
El Global Right to Information Rating elaborado por el Center for Law and Democracy evalúa 139 naciones bajo siete dimensiones: derecho de acceso a la información, alcance, procedimientos de solicitud, excepciones y denegaciones, apelaciones, sanciones y amparos, así como medidas promocionales.
De acuerdo con este análisis, nuestro país cuenta con la segunda mejor ley de acceso a la información en todo el mundo, lo que, más allá de la honrosa posición, nos invita a identificar las virtudes y los retos para consolidar nuestra normativa. Por ello, conocer los detalles de este ranking, que considera 61 indicadores y que coloca a México con una puntuación general de 136 de 150 posibles, es importante para dar cuenta de forma pormenorizada sobre las fortalezas que tenemos en la materia.
Por lo que respecta a las dimensiones de derecho de acceso y alcance, México obtuvo la máxima calificación posible, lo que acentúa la relevancia de contar con un organismo garante autónomo e independiente para garantizar que se cumplan los preceptos normativos. Sin este organismo no se podrían articular programas o políticas públicas a nivel nacional que brinden una adecuada implementación de la ley. Aunado a que la existencia del Sistema Nacional de Transparencia se presenta como un motor para coordinar acciones y políticas con nuestros homólogos del ámbito local.
Por consiguiente, las funciones del INAI han sido cruciales para acompañar el robusto marco normativo, en paralelo a una adecuada implementación en el país, lo que ha sido fundamental para garantizar el derecho humano a saber, brindando certeza y legalidad sobre su ejercicio.
Por otro lado, este estudio es también una oportunidad para reconocer acciones que permitan desarrollar y consolidar nuestro marco jurídico mediante una ruta para potenciarlo aún más, en cuatro áreas:
Primero, en la dimensión sobre el procedimiento para solicitar información, se puede mejorar en una tipificación más clara y sencilla al momento de que las instituciones declaren inexistencia de la información y remiten al peticionario a otro organismo público.
Segundo, en el área de excepciones y rechazo a la entrega de la información, se puede armonizar de mejor manera con los estándares internacionales y hacer prevalecer la divulgación de la información cuando sea mayor el interés público de la sociedad por conocerla.
Tercero, en la categoría de apelaciones, se requiere fortalecer las capacidades institucionales del INAI para la supervisión de respuestas que otorgan las instituciones sobre documentos que consideren reservados o clasificados para corroborar que su respuesta esté apegada a la ley.
Cuarto, en la dimensión de sanciones, encontramos una de las mayores áreas de oportunidad, pues, de los 8 puntos posibles, sólo se alcanza la mitad. En tanto, se podría contar con un sistema de sanciones cuando hay instituciones que sistemáticamente no divulgan información, además de poder brindar inmunidad legal por actos de buena fe de conformidad con la ley de acceso a la información.
Sin duda, México es una nación referente en la materia a nivel mundial; sin embargo, esto no debe significar dejar de lado la oportunidad de incorporar reformas normativas y de fortalecimiento de capacidades institucionales al INAI que sean progresivas y favorezcan el ejercicio y la garantía ese derecho humano.
@bl_ibarra
