El pasado 6 de julio, la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, anunció ante la recién electa Asamblea Nacional de aquel país la intención del Gobierno de nacionalizar la empresa Electricidad de Francia (EDF).
Cabe recordar que EDF se creó en 1946, a través de la nacionalización de bienes de empresas de producción, transmisión y distribución de electricidad; sin embargo, a partir de la liberalización del sector en Europa, por medio de la construcción de un mercado interior en materia de electricidad —ambos impulsados por la Unión Europea (UE)—, fue semiprivatizada en 2005.
En aquel año se convirtió en una sociedad anónima y abrió su capital en un 16 por ciento. El otro 84 por ciento permaneció en manos del Estado, debido a la resistencia de diversos sindicatos ante la medida privatizadora y gracias al arraigo de la sociedad y el Estado galos al concepto de servicio público.
La intención de renacionalizar EDF, es decir, de detentar el 100 por ciento de su capital, obedece a dos motivos fundamentales: uno, el fortalecimiento de la independencia energética de Francia, debido, principalmente, al incremento de los precios de la electricidad que la guerra en Ucrania ha provocado en distintos países alrededor del mundo; y dos, hacer de EDF un pilar de la transición energética del país y de la UE, a través, entre otros medios, de la construcción de seis nuevos reactores nucleares para 2035, y ocho más para 2050, a fin de aumentar la producción de electricidad. Cabe recordar que el Parlamento Europeo votó recientemente en favor de clasificar la energía nuclear y el gas natural como fuentes de energía limpias.
Si bien esta renacionalización implica para el Estado un costo de 5 mil millones de euros, además de que absorberá la deuda de la empresa, que asciende a 43 mil millones de euros, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha expresado que la independencia energética no tiene precio.
La deuda de EDF se explica, en parte, por el llamado “escudo tarifario”, que la obliga a vender electricidad a bajo costo a su competencia, para que ésta, a su vez, venda electricidad barata a los hogares. Esto repercute en pérdidas económicas para EDF (que este año ascendieron a 26 mil millones de euros en ingresos), en un contexto de alza mundial de precios de la energía. A esto se suman los problemas de mantenimiento que afectan a 12 de los 56 reactores nucleares que posee Francia —lo cual impacta en la producción de electricidad y en sus finanzas—, y también se agrega el hecho de que las inversiones en EDF se pospusieron durante demasiado tiempo.
Recientemente, en México, el presidente López Obrador buscó afianzar nuestra soberanía energética por medio de una reforma constitucional que, entre otros objetivos, devolviera a la CFE el papel protagónico en el mercado, a fin de cumplir su promesa de no aumentar el precio de la electricidad por encima de la inflación. Su iniciativa no prosperó, al no lograr los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el mismo Ejecutivo federal promovió antes cambios, en ese mismo sentido, en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los cuales aprobó el Congreso y validó, posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin estos cambios, factores externos como la guerra en Ucrania hubieran incrementado el costo de la factura de luz en nuestro país, al igual que sucedió en Francia, España y otras naciones.
La electricidad es un bien indispensable que cuando se mercantiliza o existe dependencia de un país con respecto a otro para su abastecimiento a la población y la industria tiende al encarecimiento, ya que su precio será fijado por el mercado a partir de la disponibilidad de insumos como gas, carbón, agua, sol o viento.
Si bien el Estado puede tomar medidas, como en España la reducción del IVA, o en Francia el escudo tarifario, éstas no son sostenibles a muy largo plazo, ya que pueden perjudicar el erario y, sin duda, a las empresas públicas de electricidad, según se ha visto.
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