/ martes 31 de enero de 2023

Frente al escenario global, EU mueve sus cartas en América Latina

La Alianza de las Américas para la Prosperidad tuvo su primera sesión virtual hace un par de días y ha dividido opiniones entre quienes consideran que Estados Unidos está usando su poder suave para listar a sus aliados en América Latina y quienes ven esta iniciativa como un necesario impulso económico de cara a la desaceleración económica global.

Esta Alianza fue propuesta por el presidente estadounidense Joe Biden en la Cumbre de las Américas del año pasado y se ejecuta desde la Secretaría de Estado, que encabeza Antony Blinken y la Representación Comercial de Katherine Tai. Las contrapartes latinoamericanas recaen en las secretarías de asuntos exteriores y economía, mayoritariamente.

Este mecanismo busca que, mediante el impulso comercial, se frene la migración ilegal de Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos. Es decir que no es un modelo de integración económica per se, sino que busca fortalecer las cadenas de proveeduría y traer más inversiones a la región pero basándose en valores comunes y no solo en elementos clásicos de competitividad como la mano de obra calificada o la política comercial.

La declaración conjunta habla de elementos políticos y jurídicos necesarios para que la cooperación económica funcione; se habla de gobernanza, estado de derecho, formalidad, combate a aspectos como la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales de origen ilícito. Incluso, pone a la igualdad de género y a la conducta empresarial responsable y alineada con los derechos humanos, como elementos esenciales de este nuevo proyecto.

No es casualidad que Brasil, Argentina o Nicaragua no sean parte de este acuerdo inicialmente, pues parece que están fuera del club de países latinoamericanos con los EEUU se sienta a dialogar. Incluso, parece una coincidencia política, de esas que siempre dan pie a la sospecha, que esta misma semana Argentina y Brasil declararan públicamente su intención de crear una moneda común.

Sin embargo, en geopolítica no hay coincidencias, pues la Alianza habla de construir cadenas de suministro regionales sobre bases no tradicionales como como el despacho aduanal y los acuerdos arancelarios y, en cambio, se menciona el combate al cambio climático, la seguridad energética, las normas laborales y la infraestructura de calidad. Es decir, todos los puntos de la agenda demócrata con la que Biden ha buscado desmarcarse de su antecesor y que hoy, en medio del creciente conflicto Rusia-Ucrania y la necesidad de sacar de Asia a los principales fabricantes, validan el discurso regionalista, que busca ir más allá de estrategias bilaterales como el nearshoring con México.

Aunque es buena idea hablar de cadenas de suministro resilientes en la región, es pronto para hacer proyecciones sobre los posibles alcances de la Alianza frente a otros mecanismos como APEC, Mercosur o la Alianza de Pacífico. Mientras tanto, tengamos claro que, de los 35 países que conforman el continente americano, solo 12 son parte de esta Alianza, incluyendo a México.

La Alianza de las Américas para la Prosperidad tuvo su primera sesión virtual hace un par de días y ha dividido opiniones entre quienes consideran que Estados Unidos está usando su poder suave para listar a sus aliados en América Latina y quienes ven esta iniciativa como un necesario impulso económico de cara a la desaceleración económica global.

Esta Alianza fue propuesta por el presidente estadounidense Joe Biden en la Cumbre de las Américas del año pasado y se ejecuta desde la Secretaría de Estado, que encabeza Antony Blinken y la Representación Comercial de Katherine Tai. Las contrapartes latinoamericanas recaen en las secretarías de asuntos exteriores y economía, mayoritariamente.

Este mecanismo busca que, mediante el impulso comercial, se frene la migración ilegal de Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos. Es decir que no es un modelo de integración económica per se, sino que busca fortalecer las cadenas de proveeduría y traer más inversiones a la región pero basándose en valores comunes y no solo en elementos clásicos de competitividad como la mano de obra calificada o la política comercial.

La declaración conjunta habla de elementos políticos y jurídicos necesarios para que la cooperación económica funcione; se habla de gobernanza, estado de derecho, formalidad, combate a aspectos como la corrupción, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales de origen ilícito. Incluso, pone a la igualdad de género y a la conducta empresarial responsable y alineada con los derechos humanos, como elementos esenciales de este nuevo proyecto.

No es casualidad que Brasil, Argentina o Nicaragua no sean parte de este acuerdo inicialmente, pues parece que están fuera del club de países latinoamericanos con los EEUU se sienta a dialogar. Incluso, parece una coincidencia política, de esas que siempre dan pie a la sospecha, que esta misma semana Argentina y Brasil declararan públicamente su intención de crear una moneda común.

Sin embargo, en geopolítica no hay coincidencias, pues la Alianza habla de construir cadenas de suministro regionales sobre bases no tradicionales como como el despacho aduanal y los acuerdos arancelarios y, en cambio, se menciona el combate al cambio climático, la seguridad energética, las normas laborales y la infraestructura de calidad. Es decir, todos los puntos de la agenda demócrata con la que Biden ha buscado desmarcarse de su antecesor y que hoy, en medio del creciente conflicto Rusia-Ucrania y la necesidad de sacar de Asia a los principales fabricantes, validan el discurso regionalista, que busca ir más allá de estrategias bilaterales como el nearshoring con México.

Aunque es buena idea hablar de cadenas de suministro resilientes en la región, es pronto para hacer proyecciones sobre los posibles alcances de la Alianza frente a otros mecanismos como APEC, Mercosur o la Alianza de Pacífico. Mientras tanto, tengamos claro que, de los 35 países que conforman el continente americano, solo 12 son parte de esta Alianza, incluyendo a México.