Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran.
José Saramago
A AMLO no le gusta escuchar pensamientos distintos a los de sus tesis. Le molesta que alguien sostenga otra postura frente a la realidad. Por ello, frente al tema de las guarderías, donde ha resuelto recortarles el 50 por ciento del presupuesto (dos mil millones de pesos) a nueve mil 399 guarderías, donde 327 mil menores están en riesgo de perder la atención. De nada valen argumentos solidos y concretos para evitar semejante atropello.
Su argumento central es que son manejadas con métodos corruptos. Quizá, puede ser, hasta ahora no ha señalado casos concretos que deban ser sujetos a las autoridades administrativas o penales. De nada ha valido que el Coneval afirme que el 94 por ciento de los beneficiarios consideraron que las estancias contribuyen a mejorar su calidad de vida porque pudieron mantener un empleo y acceder a servicios para el cuidado y desarrollo de sus hijos; entre 96 por ciento y 98 por ciento observaron mejoras en sus hijos en lenguaje, habilidades sociales y desarrollo motriz.
Tampoco han valido los argumentos de la CNDH, que llama al gobierno a observar los mandatos constitucionales, la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General Número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior; el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, señala que la estrategia del gobierno, “puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacta en sus medios de subsistencia; o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad”.
La CNDH reclama que dicha política oficial “representaría una medida que ahonde la desigualdad de género, ya que las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de sus hijos, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo y a la independencia económica”. Sí, es una política pública machista y carente de planificación. Esos trecientos mil niños no tienen credencial de elector, pero sus mamas sí.
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