Por Jorge Cano
El ejercicio de las finanzas públicas en el presente sexenio ha tenido una clara lógica de concentración de poder. El Ejecutivo ha jalado la cobija del gasto público para ‘arropar’ a las dependencias que controla directamente, dejando a la intemperie a los entes autónomos y a las entidades federativas. Lo que esta maniobra provoca es el debilitamiento de los contrapesos del Gobierno y la disminución del ‘margen de maniobra’ de los estados, pero acaso lo más riesgoso es la forma en que refuerza la discrecionalidad fiscal que concentra la Presidencia de la República.
De 2018 a 2023 los ingresos totales han crecido 6.7% o 443 mil millones de pesos (mmdp), pero el gasto de los Ramos Administrativos, los que están en control directo del Poder Ejecutivo, aumentó 31% o 466 mmdp. ¿Cómo es posible que el gasto de estos ramos aumentara más que el crecimiento de los ingresos? La respuesta es que los entes autónomos (que pueden estar en posición de ‘plantar cara’ al Presidente) erogaron 4% menos frente al cierre del sexenio pasado, y el gasto federalizado –el total de recursos que la Federación transfiere a las entidades– cayó 2.8%.
De esta manera, los Ramos Administrativos pasaron de controlar el 29% del gasto programable en 2018 a controlar el 33% en 2023, a costa de los entes autónomos y los estados. Se trata de una reconfiguración del poder fiscal que avanza sin control.
Al interior de los Ramos Administrativos, ninguna otra dependencia ha gozado de un aumento de recursos como el de la Secretaría del Bienestar, la cual gastó en 2023 la cantidad de 412.7 mmdp o 242% más que en 2018. El despegue se debe a la pensión de adultos mayores, el programa insignia del presidente, y el más redituable políticamente.
De igual forma, la Secretaría de Energía se destaca por un crecimiento de 2,371% (172 mmdp), por las transferencias a Pemex que salen de esta dependencia: una inyección de recursos que no mejora la salud financiera de la petrolera. Con esto el Gobierno se asegura la influencia sobre el sindicato y el control de compras públicas de la paraestatal.
Quizá lo más preocupante en esta lógica discrecional ha sido la militarización del gasto: en 2023 los entes militares –Sedena, Semar y Guardia Nacional– ejercieron 210 mmdp, 41.5% más frente al cierre del sexenio pasado, a costa de reducir en 50.9% el presupuesto de los entes civiles de seguridad. Por esta vía, el presidente se asegura la lealtad de los mandos castrenses.
Por contra, resulta evidente la intención de debilitar los contrapesos. El Poder Judicial federal acumula una reducción de 9% en su gasto frente a 2018, lo que acota el acceso a la justicia de los mexicanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta un recorte de 34%, un hoyo más en la red de protección de la ciudadanía, en especial ante los abusos de la autoridad. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) registra una caída de 28%, lo que reduce la capacidad de las personas para exigir una rendición de cuentas a los entes públicos.
En el caso del gasto federalizado, en lo que va del sexenio el Ejecutivo ha diezmado los fondos no protegidos por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y ha debilitado las Participaciones federales, al reducir la carga fiscal a Pemex. Se trata de una grieta en el pacto fiscal que podría afectar la cohesión política del país. La concentración de poder deja huellas transexenales.
*Jorge Cano es investigador senior del programa de Gasto Público de México Evalúa
