Tres días después de la tragedia de Tlahuelilpan, brigadas de Petróleos Mexicanos y elementos del Ejército cerraron otro ducto fracturado por criminales en el poblado de Teocalco, a ocho kilómetros del fatídico sitio donde hasta ayer habían perdido la vida, calcinadas, 94 personas. La fuga de combustible por la ruptura de la tubería en el trayecto de Tuxpan a la Refinería de Tula es una más de las que en promedio de cinco diarias se registran en el Estado de Hidalgo, como ocurre desde hace varios años en por lo menos diez entidades del país. El horror de Tlahuelilpan, como se ve, no detuvo las acciones de la delincuencia que continúan con su estela de muerte y destrucción.
Es la descomposición social que abarca a todos los estratos y sectores de la nación, como lo señala el recién nombrado fiscal general Alejandro Gertz Manero y cuyos orígenes, causas y efectos son más profundos que el fenómeno de la corrupción atribuido a la administración anterior. Los ángulos de esta descomposición social se encuentran lo mismo en el tráfico de drogas que por décadas se ha diversificado hacia otras actividades de la delincuencia como el secuestro, la extorsión y la impunidad en la degradación moral de la corrupción de un deficiente aparato de procuración y aplicación de la justicia.
La desigualdad económica, en el caso del robo de combustibles, lleva a las comunidades a convertirse en cómplices, protectores del crimen y hasta en delincuentes con respuestas masivas de estallido social como el de la multitud ciega y sorda ante la advertencia del peligro de la muerte encontrada en el poblado del Estado de Hidalgo, que pasará a la historia como un capítulo de la tragedia colectiva que vive el país.
El Presidente de la República afirmó que la tragedia de Tlahuelilpan y la persistencia de los ataques de la delincuencia no detendrán las acciones emprendidas para terminar con el robo de combustibles. Contrariamente a decisiones anunciadas anteriormente sobre un ilegal perdón a responsables de delitos de corrupción, omisión, pasividad o protección a la delincuencia, la autoridad está obligada a proceder con todos los instrumentos jurídicos a su disposición a someter a proceso, sin distinción ni consideraciones de orden político, a todo aquel que en el pasado o en el presente haya cometido o cometa actos punibles. No hacerlo sería un acto de impunidad de la propia autoridad, obligada a castigar todo delito.
Tras lo ocurrido cerca de la refinería de Tula, salen a la luz revelaciones sobre la existencia de redes, grupos organizados sindicales o de la administración pública que han participado o permitido el crecimiento de la criminalidad en todos sus aspectos. Con nuevas armas legales como la transformación del sistema de procuración de justicia en fiscalía con plena independencia y la creación de una guardia nacional que debe aglutinar los esfuerzos de todas las instancias para la preservación del orden público, el gobierno se empeña en una lucha, uno de cuyos objetivos centrales debe ser la impunidad que ha sido el factor principal de la descomposición social, la ingobernabilidad y la degradación moral en muchos sectores de la población.
La tragedia de Tlahuelilpan y la evidencia de que la delincuencia no cede en ninguna de sus manifestaciones deben reafirmar la voluntad de emplear todos los recursos de todas las instancias gubernamentales y sociales en el combate a la criminalidad. La tarea no será fácil.
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