De la pasada administración del Infonavit, a cargo del priista David Penchyna, se sabe entre otras cosas que, de enero a diciembre de 2018, el entonces titular cobró en términos brutos, un salario integrado de 9.3 millones de pesos, lo que significaría poco más de 700 mil pesos mensuales, la cifra por demás exorbitante da señales de lo que pasaba dentro del instituto.
Dentro de su administración, su director empresarial, Sebastián Fernández, traspasó una deuda personal de 5.2 millones de pesos al propio instituto a una tasa de 4 por ciento anual y 0 por ciento en intereses moratorios. El traspaso se efectuó cuando la tasa promedio que cobraba el Infonavit a los trabajadores por un crédito hipotecario era de 12 por ciento, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Sin embargo, este caso no fue el único. José Pelayo ex director General de Riesgos del Instituto, traspasó otro adeudo bancario por 8 millones 500 mil pesos, con los mismos beneficios.
Aunado a esto, el escándalo de un presunto fraude ejecutado por servidores públicos en contubernio con notarios y otras autoridades a nivel nacional, en el que créditos de trabajadores con la institución presentaron supuestos atrasos de seis meses hasta un año, derivó en que éstos estén siendo procesados para despojarlos de los inmuebles sin otorgarles el derecho a ser juzgados, por lo que se estima existen unos 300 mil afectados.
Por si fuera poco, la pasada administración a sólo tres días antes de su salida, aprobó en su Consejo de Dirección, la presentación de un sospechoso amparo, por el cual impidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisara los recursos públicos ejercidos por el instituto en la Cuenta Pública 2017. Para darnos cuenta de la magnitud, este año la dependencia ejercerá 20 mil millones de pesos, considerando inversiones y otros gastos.
La buena noticia, parece ser que su actual titular Carlos Martínez, se comprometió ante el Auditor Superior, David Colmenares, a colaborar y transparentar el uso de los recursos públicos que dicha instancia ejerce.
